También se aprueban la cesión de tramos viarios a los ayuntamientos de Eivissa y Santa Eulària
El Ple del Consell Insular d’Eivissa ha aprobado una moción del grupo popular solicitando al Gobierno de España la derogación del Real Decreto 933/2021, que impone la obligación de registrar y almacenar información sobre clientes en negocios de hostalaje y alquiler de vehículos.
La medida se basa en el impacto negativo que esta normativa supone para la operativa de las empresas del sector turístico. La portavoz insular y consellera del Parc Insular de Serveis, Joventut i Participació Ciutadana, Marilina Ribas, ha argumentado que el decreto genera inseguridad jurídica y una carga de trabajo excesiva, especialmente para pequeñas y medianas empresas.
"Esta normativa impone requisitos que no se exigen en otros países europeos y que dificultan el normal funcionamiento del sector turístico en la isla", explicó Ribas.
El Congreso de los Diputados ya había solicitado su retirada por mayoría absoluta, y la entrada en vigor del decreto ha sido pospuesta en tres ocasiones.
Fondo Next Generation y derechos sociales
Durante el pleno, también se aprobó, a petición del grupo socialista, estudiar la posibilidad de prorrogar seis meses la ejecución de una subvención de 550.000 euros procedente de los Fondos Next Generation destinada a mujeres víctimas de violencia sexual.
Asimismo, se dio luz verde a la creación de un Cuerpo de Inspectores de Derechos Sociales, propuesta también impulsada por el grupo socialista.
Cesión de carreteras a los ayuntamientos de Eivissa y Santa Eulària
Otro de los puntos aprobados fue la cesión de tramos viarios a los ayuntamientos de Eivissa y Santa Eulària.
- El tramo de la carretera insular que atraviesa el núcleo urbano de Sant Carles de Peralta pasa a titularidad del Ajuntament de Santa Eulària.
- El tramo de la carretera E-10, entre las rotondas de Can Misses y Figueretes, queda bajo gestión del Ajuntament d’Eivissa.
Con estas decisiones, el Consell Insular busca aligerar la carga de gestión viaria y permitir que los ayuntamientos asuman el mantenimiento y mejora de estos tramos urbanos.
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