Lo sucedido el lunes en la Facultad de Derecho de Granada es una prueba más de la intolerancia y el fanatismo de la extrema izquierda en España. Macarena Olona, ex diputada de Vox y fundadora de Caminando Juntos, fue víctima de un escrache violento por parte de una treintena de radicales que intentaron impedir su participación en un coloquio sobre feminismo y derecho. No es la primera vez que la política sufre este tipo de ataques, pero sí es otra vergonzosa demostración de que ciertos sectores ideológicos creen que pueden decidir quién puede hablar y quién no en una universidad pública.
La imagen de individuos encapuchados intentando bloquear su acceso al evento es un reflejo del totalitarismo que predican. El hecho de que dos personas hayan sido detenidas por atacar a agentes de la autoridad subraya la violencia que estuvo presente en la protesta. Y, a pesar de ello, estos grupos aún tienen la desfachatez de calificar su actuación de "pacífica". ¿Desde cuándo impedir el ejercicio de la libertad de expresión y agredir a policías puede considerarse pacífico?
Estos radicales justifican sus acciones argumentando que Olona representa un discurso "misógino, racista, tránsfobo, homófobo y antiobrero". Sin embargo, lo que realmente muestran es su incapacidad para el debate y su desprecio absoluto por la diversidad ideológica. La democracia se basa en la confrontación de ideas, no en la imposición de una única visión mediante la fuerza y la coacción. Lo que ocurrió en la Facultad de Derecho de Granada es, sin lugar a dudas, un atentado contra la libertad de pensamiento y la esencia del espíritu universitario.
Afortunadamente, Olona pudo acceder al coloquio y ejercer su derecho a expresarse, pero no sin consecuencias: tuvo que ser atendida en un hospital por lesiones. Esto deja en evidencia que los escraches de la extrema izquierda no son meras protestas, sino actos de violencia con consecuencias reales. Y lo más grave es que estos comportamientos son tolerados e incluso alentados por sectores políticos y mediáticos que minimizan su gravedad o directamente los justifican.
La Universidad, que debería ser un espacio de debate y reflexión plural, está siendo secuestrada por grupos que no aceptan el disenso. Si se permite que este tipo de agresiones sigan ocurriendo con impunidad, la universidad se convertirá en un bastión del pensamiento único donde solo se permitirá la voz de la izquierda radical.
El Gobierno y las instituciones académicas tienen la responsabilidad de garantizar la seguridad y la libertad de expresión de todos, sin distinción ideológica. Permitir que la extrema izquierda siga actuando con violencia e impunidad es avalar su fanatismo y erosionar los principios democráticos fundamentales. No podemos seguir tolerando que las agresiones sean la respuesta ante quienes piensan diferente.
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