✍Redacción/El Ayuntamiento consigue el apoyo de todos los partidos en el Congreso y el Senado para reclamar la implicación del Gobierno en la conservación del monumento
Alaró ha dado un paso firme hacia la recuperación de su patrimonio con un acuerdo sin fisuras entre todas las fuerzas políticas. El Ayuntamiento de Alaró ha reunido a representantes del Consell de Mallorca, diputados y senadores de todos los grupos con representación balear en el Congreso y el Senado, y colectivos locales para coordinar acciones con el objetivo de preservar el Castillo de Alaró, una fortaleza en evidente riesgo de colapso.
El encuentro institucional, impulsado por el alcalde Llorenç Perelló, ha servido para presentar una moción de mínimos apoyada por todos los grupos municipales. Dicha moción será elevada a ambas cámaras legislativas con una exigencia clara: que el Estado, como propietario del Castell, se comprometa de forma activa con su restauración y rehabilitación.
Entre los asistentes se encontraban representantes de la Associació de Voluntaris del Castell, el colectivo Al-rum, y el arqueólogo Biel Llodrà, quien ha alertado sobre el deterioro estructural de la fortificación. A nivel político, han participado los diputados Joan Mesquida y José Vicente Marí (PP), Vicenç Vidal (Sumar-Més) y Jorge Campos (Vox), así como los senadores Maria Salom y Martí Torres (PP) y Pere Joan Pons (PSOE).
El consenso ha sido total. Perelló ha celebrado este “acuerdo histórico” que supone un punto de inflexión en la lucha por preservar uno de los bienes patrimoniales más emblemáticos de la isla: “Hoy hemos demostrado que cuando se trata de proteger nuestro legado, las siglas políticas quedan en segundo plano”, ha declarado.
Paralelamente, el Consell de Mallorca ha iniciado el proceso de expropiación del castillo y ha solicitado al Ministerio de Cultura la cesión temporal del mismo para acometer tareas urgentes de conservación, especialmente en las murallas. En caso de inacción por parte del Estado, el Consell ha advertido que actuará mediante la ejecución subsidiaria, tal como permite la Ley de Patrimonio Histórico de las Islas Baleares.
El convenio firmado entre el Ayuntamiento y el Consell prevé una inversión inicial de 138.000 euros para la redacción del proyecto de restauración. El consistorio se encargará de los permisos, licencias y medios materiales, mientras que el Consell ejecutará las obras y gestionará las autorizaciones estatales necesarias.
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