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| Pepe Álvarez, Secretario General UGT |
✍Francisco José Castillo Navarro, Director General del Grupo Periódico de Baleares, Presidente Fundador de AMC/
El reciente caso Fundescan en Canarias, por el que UGT ha tenido que asumir su responsabilidad civil devolviendo más de 662.000 euros tras desviar fondos públicos destinados a cursos de formación, debería ser mucho más que una nota de prensa o un cierre contable. Debería ser una señal de alarma. Porque lo ocurrido no es una anécdota ni una excepción: es parte de una cultura enquistada, un patrón reiterado de mala praxis, opacidad y uso indebido del dinero público.
Durante el juicio, el director de contabilidad de Fundescan declaró que las cuentas desaparecieron misteriosamente de su ordenador, y que era habitual justificar los gastos con facturas genéricas, sin respaldo documental real. Todo esto, mientras la cúpula de UGT en Canarias revalidaba cargos en un congreso celebrado como si nada hubiese pasado. No hubo dimisiones. No hubo explicaciones. Solo acuerdos extrajudiciales y silencio institucional.
Y sin embargo, este no es un caso aislado.
Un historial lleno de sombras
UGT ha protagonizado en las últimas décadas una sucesión de escándalos que deberían haber provocado una profunda reforma de su financiación y funcionamiento.
El más conocido, el caso de los ERE en Andalucía, destapó una trama en la que el sindicato utilizaba empresas pantalla para inflar facturas, justificar cursos que nunca se impartieron y repartirse comisiones ilegales. La justicia y el Tribunal de Cuentas confirmaron que UGT se financió ilícitamente durante años, bajo el amparo de administraciones públicas y con un total desprecio al interés general.
Otros casos, como el de las “mariscadas sindicales”, revelaron un uso suntuoso y desvergonzado del dinero destinado a formación de parados: cenas de lujo, jamones, vino caro, hoteles, banderas personalizadas. Todo ello facturado como “gastos sindicales” y encubierto bajo el paraguas de la acción social.
Y no son hechos del pasado. Asturias, Castilla-La Mancha, Madrid y Valencia también han registrado escándalos vinculados al uso fraudulento de subvenciones, con facturas falsas, cursos fantasma y un largo etcétera de irregularidades que se repiten con alarmante frecuencia.
La pregunta que nadie quiere responder
¿Por qué seguimos financiando con dinero público a organizaciones que, de forma reiterada, han demostrado una gestión negligente o incluso delictiva de los fondos que reciben?
Cada año, UGT y otras grandes centrales sindicales reciben decenas de millones de euros en subvenciones directas. Se estima que solo entre 2010 y 2020, UGT pudo haber recibido más de 400 millones de euros del Estado y las comunidades autónomas. Parte de ese dinero ha acabado en estructuras internas sobredimensionadas, campañas políticas camufladas y en algunos casos, como hemos visto, directamente malversado.
Es hora de romper con la lógica de la financiación automática. Los sindicatos son necesarios, sí. Pero no pueden seguir actuando sin control ni consecuencias.
Lo que debería cambiar
— Auditorías externas obligatorias, con publicación de resultados.
— Suspensión inmediata de financiación pública ante casos de corrupción.
— Inhabilitación de los responsables implicados.
— Fin del modelo de subvención directa: que los sindicatos se financien por la voluntad de sus afiliados, no por la inercia presupuestaria.
Entre la regeneración y el descrédito
Cada nuevo escándalo que afecta a UGT no solo mancha a esa organización. Desgasta la confianza pública en todo el modelo sindical y da argumentos a quienes quieren debilitar la representación laboral en su conjunto.
Es urgente separar el sindicalismo legítimo del aparato burocrático que vive de espaldas a los trabajadores y al margen de la ética pública. El caso Fundescan no puede ser simplemente otro expediente archivado tras una compensación económica. Debe ser el principio de una reforma real.
Porque el dinero público, como los derechos laborales, no puede seguir cayendo en saco roto.
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