Cort identifica a 600 personas viviendo en asentamientos en Palma

 

✍Redacción/El Ayuntamiento advierte del incremento de núcleos informales y prepara un plan de actuación social y urbanística

El Ayuntamiento de Palma ha detectado la presencia de al menos 600 personas viviendo en asentamientos informales distribuidos en diferentes zonas del municipio, según los últimos datos recopilados por los servicios sociales y la Policía Local. Se trata, en su mayoría, de personas en situación de exclusión social, muchas de ellas sin documentación o con escaso acceso a recursos básicos.

El Ayuntamiento ha identificado a las personas sin hogar de la ciudad y calcula que actualmente hay numerosos asentamientos diferenciados. Así lo ha subrayado el alcalde de Palma, Jaime Martínez, en su primera intervención del Debate de la Ciudad. Según ha remarcado, Cort trabaja activamente para elaborar un plan que permita atender a las personas sin hogar, y ya se ha identificado cada asentamiento, las personas que viven en ellos y la situación personal de cada una.

"Solo con datos objetivos podremos abordar esta problemática", ha apuntado Martínez, a la vez que ha subrayado que se trabaja para aumentar las plazas en el servicio de corta estancia y garantizar una atención adecuada a las personas en situación de exclusión. Además, ha anunciado la próxima apertura del edificio de la Balanguera como recurso para mujeres sin hogar y madres monoparentales vulnerables.

Entre los asentamientos más numerosos figuran los ubicados en zonas periféricas como Son Banya, Can Valero, el Polígono de Levante y Son Rossinyol, aunque también se han identificado pequeños núcleos dentro del casco urbano. En muchos casos, las condiciones de habitabilidad son precarias o insalubres, y no se dispone de suministro eléctrico ni agua corriente.

Cort ha anunciado que pondrá en marcha un plan específico de intervención, que combinará actuaciones de mediación, acceso a servicios sociales, alternativas habitacionales y, en los casos necesarios, desmantelamiento de estructuras ilegales. Se prevé la colaboración con entidades del tercer sector para facilitar procesos de inserción laboral y atención sanitaria.

La situación ha reabierto el debate político en el consistorio, donde algunos partidos de la oposición acusan al gobierno municipal de “haber mirado hacia otro lado” mientras crecía la emergencia habitacional.