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Un paso histórico para procesar el crimen de agresión rusa y sentar precedentes en justicia internacional
El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, y el secretario general del Consejo de Europa, Alain Berset, firmaron este miércoles en Estrasburgo el acuerdo que da origen al Tribunal Especial para el Crimen de Agresión contra Ucrania. La ceremonia se enmarca en el impulso dado desde mayo por 46 Estados miembro del Consejo, y busca llenar el vacío legal existente para juzgar la invasión ordenada por Rusia.
Zelenski describió la iniciativa como una “oportunidad real de garantizar justicia”, y aseguró que este tribunal es necesario para enviar “un mensaje claro: la agresión conlleva castigo”, incluido para altos cargos, entre ellos Vladímir Putin. Por su parte, Berset subrayó que este mecanismo no es opcional: “La justicia no puede esperar” y destacó que sin rendición de cuentas no cabe una paz duradera.
Este tribunal complementará a la Corte Penal Internacional, que no posee jurisdicción sobre el delito de agresión, y permitirá procesar a los máximos responsables políticos y militares por haber iniciado la invasión en febrero de 2022. Funcionará bajo el marco legal del Consejo de Europa, con un estatuto aprobado por su Comité de Ministros, y contemplará juicios incluso en ausencia del imputado.
Aunque aún falta definir la sede del tribunal —la ciudad de La Haya se perfila como favorita—, se prevé que cuente con unos 15 jueces, una fiscalía destinada específicamente al crimen de agresión, y un grupo central financiador conformado por unos 40 países.
El acuerdo ha recibido respaldo de la Unión Europea, cerca de 40 Estados, y de la Coalición Central liderada por Ucrania. Se prevé que el tribunal comience a operar el próximo año, acelerando así la persecución de la élite rusa por su responsabilidad orgánica y criminal.
Este avance se enmarca en la cumbre de la OTAN en La Haya, donde, aunque el papel ucraniano fue discretamente reducido, se confirmó el fuerte apoyo de los aliados y se enmarcó la iniciativa judicial como parte del compromiso europeo con la rendición de cuentas y la integridad internacional.
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