✍COINPE/ Washington acusa al presidente colombiano y a varios altos cargos de su entorno de mantener contactos con organizaciones criminales; Bogotá rechaza las sanciones y denuncia una “agresión política injustificada”
El Gobierno de Estados Unidos anunció este viernes sanciones económicas y diplomáticas contra el presidente de Colombia, Gustavo Petro, y varios miembros de su círculo más próximo, a quienes acusa de mantener presuntos vínculos con redes del narcotráfico.
El Departamento del Tesoro incluyó a Petro y a otros cinco funcionarios y asesores en su lista de personas sancionadas, congelando sus activos en territorio estadounidense y prohibiendo a ciudadanos o empresas de EE. UU. realizar transacciones con ellos. Según el comunicado oficial, las medidas se basan en “evidencias de colaboración indirecta con estructuras criminales dedicadas al tráfico de drogas hacia Norteamérica”.
Entre los sancionados figuran asesores de la Presidencia, miembros del Partido Colombia Humana y funcionarios de organismos de seguridad del Estado. Washington sostiene que algunos de ellos habrían “facilitado información y protección a intermediarios del narcotráfico” a cambio de financiación política.
El Gobierno colombiano reaccionó con dureza, calificando la decisión como una “agresión política injustificada” y una “intromisión en los asuntos internos de Colombia”. En un comunicado, la Cancillería afirmó que el Ejecutivo “no ha recibido ninguna prueba concreta” y que estas acusaciones “atentan contra la soberanía nacional”.
El propio presidente Petro, a través de su cuenta en redes sociales, negó tajantemente cualquier implicación y acusó a Washington de intentar “desestabilizar un gobierno progresista que apuesta por la paz y la justicia social”.
Las sanciones se producen en un momento de tensión diplomática creciente entre ambos países, después de que Colombia intensificara su política de diálogo con los grupos armados y planteara una revisión profunda de la estrategia antidrogas.
Mientras tanto, analistas internacionales advierten de que esta medida podría afectar la cooperación bilateral en materia de seguridad y lucha contra el narcotráfico, así como la relación política entre Bogotá y Washington.
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