✍Francisco José Castillo Navarro, Director General del Grupo Periódico de Baleares, Presidente Fundador de AMC/
La asociación SOS Desaparecidos, que representa a 40 víctimas fallecidas de la DANA de Valencia y a más de un centenar de familiares personados en la causa, se ha convertido en el epicentro de una polémica que revela la tensión entre la sociedad civil y los intereses del Gobierno central. Sus jornadas sobre Emergencias por Riesgos Naturales, impulsadas por Sonia Fuster, hija de Ernesto Fuster, fallecido en la riada, pretendían ser un espacio de concienciación, prevención y formación ciudadana. Sin embargo, lo que debía ser un encuentro de profesionales y víctimas se transformó en un escenario de boicot institucional, presunta manipulación política y exclusión de quienes defienden la neutralidad.
En declaraciones exclusivas para nuestro medio, el presidente de SOS Desaparecidos, Joaquín Amills, reveló cómo la organización enfrentó un plan que él califica de deliberado para obstaculizar el acceso real de los participantes. Según Amills, el aforo inicial era de 300 personas, y cuando alcanzaron 150 inscripciones, solo se solicitaba únicamente nombre y correo electrónico por motivos de protección de datos. Para completar el aforo, añadieron 50 personas más, cerrando finalmente con 360 inscritos, de los cuales faltó un 65% de asistentes, un hecho que Amills califica como totalmente ilógico y fuera de toda normalidad. El presidente denuncia que se trató de un boicot planificado, en el que se inscribieron personas que jamás tenían intención de acudir, impidiendo así que quienes verdaderamente querían participar pudieran hacerlo. Según su testimonio, esta operación habría sido orquestada por el Gobierno de España, con el objetivo de minar la independencia de la asociación y su capacidad de visibilizar la memoria de las víctimas.
El conflicto con la Delegación del Gobierno se remonta a varias reuniones en las que la asociación presentó el proyecto y reiteró su rechazo a la presencia de políticos. Pese a ello, la delegada Pilar Bernabé insistió en aparecer en la inauguración, desoyendo la decisión de mantener la neutralidad del acto. Desde ese momento, la colaboración del Gobierno se volvió prácticamente inexistente, y las solicitudes formales para la asistencia de unidades como la UME, la Guardia Civil, la Policía Nacional, AEMET y Salvamento Marítimo fueron respondidas con excusas triviales o simples correos electrónicos indicando que “todos iban a estar en Cheste”. El resultado fue que ninguna unidad dependiente del Gobierno acudió a las demostraciones, dejando a la organización y a las víctimas en una situación de absoluto desamparo institucional.
SOS Desaparecidos denuncia que, pese a representar a decenas de víctimas y familiares, fueron excluidos de espacios institucionales fundamentales. Joaquín Amills enfatiza: “Nos reunimos con Carlos Mazón y también le pedimos responsabilidades. Nos llamó Pilar Bernabé y acudimos. Si nos llama Pedro Sánchez o Marlaska, iremos igualmente”. Sin embargo, ninguna de sus víctimas fue invitada a la comisión del Congreso, y no fueron considerados en reuniones con asociaciones en Valencia, lo que evidencia un trato discriminatorio e injustificable por parte de las autoridades.
Para la asociación, es inexplicable que quienes mantienen una postura neutral y exigen que las responsabilidades se determinen en sede judicial, sean precisamente los que quedan fuera de los espacios oficiales, mientras otros colectivos con claras afinidades políticas reciben un trato preferencial y visibilidad. Desde 2010, SOS Desaparecidos ha mantenido su independencia, sin recibir subvenciones públicas, y ha sido pionera en la difusión de alertas de personas desaparecidas a nivel nacional e internacional. Sin embargo, lamentan que esta independencia parece incomodar a ciertos responsables públicos, quienes solo muestran interés cuando pueden figurar en actos oficiales, ignorando la labor profesional y neutral de la organización.
El balance es demoledor: una entidad independiente, comprometida con la memoria de las víctimas y la prevención de riesgos, enfrentándose a un presunto boicot político, con inscripciones fraudulentas que impidieron la asistencia real y con la indiferencia de organismos centrales que deberían garantizar la seguridad y visibilidad de la sociedad civil. Para Joaquín Amills y SOS Desaparecidos, la situación demuestra que la independencia civil sigue siendo incómoda para ciertos sectores del Gobierno, que prefieren controlar la narrativa antes que apoyar la formación y la concienciación ante riesgos naturales que afectan a la ciudadanía.
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