✍️ PALDIBA/ La Secretaría General de Consumo y Juego, dependiente del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, ha resuelto imponer una sanción económica de 3.600.902 euros a la inmobiliaria Alquiler Seguro por la aplicación de cobros irregulares a inquilinos y otras prácticas abusivas detectadas durante una investigación administrativa.
La resolución, comunicada oficialmente a FACUA-Consumidores en Acción, que figura como parte personada en el procedimiento, desestima las trece alegaciones presentadas por la empresa sancionada. El expediente sancionador está firmado por el secretario general de Consumo y Juego, Andrés Barragán, y detalla una a una las irregularidades encontradas en los contratos de arrendamiento formalizados con los inquilinos.
Entre las prácticas fraudulentas más relevantes, la investigación identifica la imposición de un supuesto “servicio de atención al inquilino”, utilizado para trasladar a los arrendatarios gastos que legalmente corresponden al propietario del inmueble. Asimismo, se detectó la obligación de contratar un seguro del hogar, un estudio de solvencia económica, la limitación del derecho de desistimiento, y la imposición a los inquilinos de todos los costes derivados de reclamaciones judiciales o extrajudiciales.
FACUA fue la primera entidad denunciante en el proceso, presentando la denuncia en noviembre de 2023. Según la asociación, Alquiler Seguro obligaba a los inquilinos a pagar el equivalente a un mes de alquiler más un 21% de IVA, bajo el pretexto de un servicio que incluía asesoramiento para el cambio de titularidad de suministros, orientación jurídica sobre el contrato y gestión de siniestros, funciones que en muchos casos corresponden directamente al arrendador.
La resolución concluye que la inmobiliaria ha incurrido en seis infracciones calificadas como “muy graves” y una infracción “grave”, conforme a lo dispuesto en el Real Decreto Legislativo 1/2007, que regula la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios. Las sanciones impuestas ascienden a un millón de euros, 990.900 euros, tres multas de 500.000 euros, una de 100.001 euros, y 10.001 euros por la infracción grave, alcanzando el importe total de 3.600.902 euros.
Finalmente, la empresa dispone ahora de la posibilidad de presentar un recurso de alzada ante el ministro de Consumo, Pablo Bustinduy, antes de que se agote la vía administrativa.
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