La organización HAZTE OÍR ha hecho público un duro comunicado político-jurídico en el que asegura haber activado todas las vías legales posibles contra lo que denomina la conexión Caracas–Madrid, a raíz de los acontecimientos que, según su versión, habrían precipitado la caída del régimen chavista.
Según explica la entidad, su equipo jurídico lleva meses preparando una ofensiva legal integral, que incluiría acciones en jurisdicciones nacionales e internacionales. En este contexto, HAZTE OÍR recuerda que en septiembre de 2025 presentó una denuncia ante la ONU, en la que señalaba presuntas relaciones políticas y estratégicas entre José Luis Rodríguez Zapatero, Pedro Sánchez, el PSOE y el régimen venezolano.
La organización subraya que, de forma paralela, se encuentra personada como acusación popular en numerosos procedimientos judiciales que, en su opinión, mantienen seriamente comprometido al Gobierno de Sánchez. Entre ellos, menciona causas de alta sensibilidad política, incluida la relacionada con la presunta fuga de Carles Puigdemont, en la que apunta a posibles responsabilidades de los Mossos d’Esquadra.
HAZTE OÍR afirma además ejercer la dirección letrada de varias acusaciones populares en los procesos que, según su valoración, generan mayor presión judicial sobre el Ejecutivo, lo que —en palabras de la propia entidad— la convertiría en una de las acusaciones populares más temidas por el PSOE.
Como resultado de esta estrategia, la organización enumera una serie de situaciones procesales que atribuye a su actuación, insistiendo en que se trata de procedimientos judiciales en curso o resoluciones ya dictadas, siempre según su propio balance:
-David Sánchez: acusado
-Begoña Gómez: múltiples imputaciones
-Fiscal General del Estado: condenado
-José Luis Ábalos: en prisión
-Koldo García: en prisión
-Santos Cerdán: imputado
-Leire Díez: imputada
-Isabel Pardo de Vera: imputada
-Director General de Carreteras: imputado
-Delegado del Gobierno: imputado
Desde HAZTE OÍR concluyen que esta relación no sería exhaustiva, y que la lista continúa ampliándose, como consecuencia de lo que describen como una acción jurídica sostenida, coordinada y sin precedentes contra lo que consideran una red de corrupción política e institucional.
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