✍ El Ciudadano Habla/ Los ciudadanos de Baleares han expresado su malestar y su preocupación ante un estatuto que se les impondría sin ninguna participación del pueblo, un documento que muchos consideran un paso hacia convertir la región en una especie de colonia catalana. Desde la primera legislatura del PP, recuerdan, se impulsó la normalización lingüística, una medida que, para ellos, supone un ataque a la identidad de quienes han nacido aquí, de quienes viven aquí y de quienes llegan de otras partes de España. Según dicen, incluso el nombre del estatuto es un insulto al pueblo soberano, una forma de marcar la diferencia y castigar a quienes no hablan catalán.
“Nos sentimos excluidos, como si nuestras costumbres y nuestra manera de vivir no tuvieran valor”, comenta uno de los vecinos. Señalan que, desde el primer artículo hasta el último del título sobre derechos y libertades constitucionales, sus derechos parecen ser torpedeados y no existe ninguna institución del Estado que aplique sanciones efectivas a quienes los vulneran, dejando impunes a quienes ocupan cargos políticos y toman decisiones que afectan a toda la comunidad.
Para los ciudadanos, las normas emitidas por el Parlamento regional muchas veces van en contra del pueblo balear y de todos los españoles. Denuncian que se expulsa a quienes nacieron o viven aquí y se limita la entrada a quienes no hablan catalán, sacrificando la formación de generaciones, debilitando la sanidad, complicando la administración pública y afectando los recursos naturales, incluyendo las playas, esenciales para la salud, la vida y el turismo. “Es difícil ver cómo se destruyen cosas que pertenecen a todos, mientras algunos parecen ignorar el impacto real en nuestra comunidad”, comenta otra vecina.
Los ciudadanos recuerdan que el artículo 10.2 de la Constitución española establece que las normas relativas a los derechos fundamentales deben interpretarse de acuerdo con la Declaración Universal de Derechos Humanos y los Tratados y acuerdos internacionales ratificados por España. “Queremos que nos digan en qué tratado o en qué carta internacional se permite que un gobernante o un partido político use los servicios públicos para cambiar costumbres y prácticas que forman la identidad de un pueblo”, afirman con firmeza.
Señalan, además, que no se trata solo de la lengua, sino de una serie de medidas y normas que impactan la vida cotidiana, la educación, la sanidad y el acceso a los servicios públicos. Sienten que sus derechos y libertades están siendo ignorados y que la participación ciudadana en decisiones que afectan a toda la comunidad es mínima o nula.
En conclusión, los ciudadanos de Baleares reclaman respeto, protección de la identidad cultural y una participación real en todas las decisiones que afectan a su tierra y a su gente. Insisten en que no aceptarán medidas que generen exclusión o que sacrifiquen la historia, cultura y derechos de quienes viven en la región, recordando que un pueblo solo puede prosperar si sus costumbres, su idioma y su identidad son respetados.
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