✅ Escándalo en Palma: el Partido Popular pretende premiar a un directivo señalado por graves irregularidades con un alto cargo en EMAYA

 

✍Francisco José Castillo Navarro, Director General del Grupo Periódico  de Baleares, Presidente Fundador de AMC/

El Partido Popular de Palma de Mallorca pretende consumar el próximo 24 de febrero un nombramiento que constituye una auténtica descalificación moral de la gestión pública y un golpe directo a la credibilidad institucional. El ascenso a alto directivo del jefe de recursos humanos Carles Juanes Sitjar, presentado con plena confianza política y justificado por un supuesto desempeño ejemplar, representa en realidad un premio político escandaloso a un responsable vinculado a graves vulneraciones de derechos fundamentales dentro de la empresa pública EMAYA.

El alcalde Jaime Martínez Llabrés y los concejales del consistorio han vuelto a demostrar una incompetencia alarmante, una falta absoluta de criterio y una irresponsabilidad política difícil de justificar, porque respaldar el ascenso de un directivo señalado por actuaciones muy graves no es un error administrativo sino una decisión consciente que desacredita al Ayuntamiento. Palma necesita dirigentes capaces de gobernar con responsabilidad y en su lugar tiene responsables políticos dispuestos a proteger a cargos cuestionados aunque ello suponga deteriorar la confianza de los ciudadanos en sus instituciones.

Especial mención a la incompetencia continuada y reiterada, del presidente de Emaya Llorenç Guillem Bauzá y del gerente Lorenzo Morey.

Lo sucedido en EMAYA no es una simple polémica administrativa sino un escándalo prolongado durante años, marcado por abusos de poder, persecución laboral y vulneraciones reiteradas de derechos fundamentales, hechos que derivaron en sanciones oficiales tras acreditarse conductas reiteradas y prolongadas en el tiempo por parte de quienes ocupaban posiciones de poder como el jefe de recursos humanos Carles Juanes Sitjar y la jefa de servicios jurídicos Francisca Ballester Tomás, actuaciones que fueron calificadas como acoso laboral y sindical, daños morales y graves infracciones en materia de protección de datos, todo ello aprovechándose de su posición jerárquica y de superioridad.

La empresa pública fue sancionada por la Inspección de Trabajo por vulnerar el derecho a la intimidad, el respeto a la dignidad, la protección de datos personales, el secreto de las comunicaciones privadas y la libertad sindical, derechos fundamentales que fueron quebrantados durante años en un entorno laboral dominado por prácticas incompatibles con los principios de legalidad, neutralidad institucional y respeto a los trabajadores que deben regir cualquier empresa pública.

Especialmente grave resulta que los principales responsables de estas actuaciones fueran precisamente quienes debían garantizar el cumplimiento de las normas, ya que Carles Juanes Sitjar y Francisca Ballester Tomás formaban parte de los órganos internos encargados de velar por la integridad institucional como el comité ético y de conducta y los órganos de privacidad y protección de datos, una situación que revela un nivel de responsabilidad especialmente agravado porque quienes debían proteger los derechos de los trabajadores aparecen señalados como responsables directos de su vulneración mientras los hechos permanecían ocultos dentro de la organización.

Durante años se produjo la descarga masiva de conversaciones privadas de teléfonos móviles de trabajadores y representantes sindicales mediante accesos realizados desde el departamento de informática bajo presiones y amenazas, acumulando una cantidad enorme de datos personales, audios, documentos e imágenes que posteriormente fueron difundidos en grupos de WhatsApp con más de doscientos trabajadores, incluyendo el grupo del comité ejecutivo sindical, en un episodio que constituye uno de los casos más graves de vulneración de la privacidad conocidos en una empresa pública balear.

Con esa información privada obtenida de forma irregular se elaboraron expedientes disciplinarios y despidos contra representantes sindicales que posteriormente fueron declarados nulos por vulneración de derechos fundamentales, quedando acreditado que el acceso a las conversaciones privadas tenía como finalidad facilitar una estrategia de despidos planificada, dirigida e instruida por el propio jefe de personal Carles Juanes Sitjar, en una actuación descrita por afectados como un plan calculado para impedir la reincorporación efectiva de trabajadores despedidos.

Los expedientes disciplinarios abiertos contra estos cargos incluyeron infracciones muy graves como la transgresión de la buena fe contractual, el abuso de confianza, la violación del secreto de correspondencia y el acceso a documentación reservada, conductas de extrema gravedad dentro de una empresa pública que sin embargo terminaron con una sanción mínima y simbólica de unos pocos días de empleo y sueldo, una respuesta que refleja un preocupante clima de impunidad interna.

Ambos cargos continúan además pendientes de resolución por parte de la Agencia Española de Protección de Datos, organismo que investiga hechos relacionados con posibles vulneraciones muy graves de protección de datos y situaciones compatibles con acoso laboral, lo que hace todavía más incomprensible que en lugar de exigir responsabilidades el gobierno municipal pretenda premiar a uno de los principales implicados con un puesto de mayor poder.

Si el consejo de administración de Emaya apoya el nombramiento de Carles Juanes Sitjar, los ciudadanos tendrán la información clara, en las próximas elecciones, a quien no deberían votar.

El ascenso de Carles Juanes Sitjar no sería simplemente una decisión equivocada sino un mensaje devastador para los trabajadores y para los ciudadanos, porque transmite la idea de que en el Ayuntamiento de Palma los responsables de actuaciones cuestionadas son protegidos, las sanciones no tienen consecuencias reales y la ética pública queda relegada a un papel decorativo.

Si el nombramiento se aprueba el día 24 el gobierno municipal habrá dejado claro que su modelo consiste en premiar a cargos envueltos en graves controversias, ignorar las sanciones oficiales y mirar hacia otro lado ante vulneraciones de derechos fundamentales, una decisión que confirma que el problema de Palma ya no es únicamente la mala gestión sino la consolidación de un modelo político basado en la impunidad, la falta de responsabilidad y el desprecio por los principios básicos de una administración democrática. El premio que debería tener es sus despido inmediato. 

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FJCN