✍ PLATAFORMA INTERNACIONAL DE PERITOS JUDICIALES FORENSES/
El anuncio del Gobierno de desclasificar los archivos secretos del 23-F reabre el debate sobre uno de los episodios más decisivos de la historia reciente de España
La decisión del Gobierno de desclasificar los archivos secretos del 23-F no es un gesto menor. No lo es por su carga histórica, ni por lo que puede revelar sobre uno de los episodios más delicados de nuestra democracia reciente. Pero en política, además del contenido, importa el momento.
¿Por qué ahora, más de cuatro décadas después?
Es evidente que existe una deuda histórica con la ciudadanía. La memoria democrática no puede sostenerse sobre archivos sellados eternamente. Conocer el pasado fortalece las instituciones y permite comprender mejor el presente. En ese sentido, la apertura documental es coherente con una línea política que apuesta por la transparencia y la revisión crítica de la Transición.
Sin embargo, en política rara vez hay decisiones inocentes en el calendario. Elegir el cuándo es tan estratégico como decidir el qué. La desclasificación del 23-F irrumpe en la agenda pública con un enorme poder simbólico: reabre debates, activa memoria colectiva y coloca al Gobierno en el centro de un relato histórico de alto voltaje emocional.
Controlar el marco narrativo desde el inicio permite marcar el tono de la conversación. No es lo mismo que los documentos emerjan por presión judicial o filtraciones, que hacerlo por iniciativa gubernamental. El gesto proyecta liderazgo y voluntad de transparencia, pero también supone una forma de dirigir el foco mediático hacia un terreno ideológicamente favorable.
Nada de esto invalida la medida. Al contrario: puede ser necesaria, legítima y positiva para la salud democrática. Pero reducirla a un acto puramente administrativo sería ingenuo. En política, las decisiones importantes suelen ser una mezcla de convicción y cálculo.
Y probablemente esta no sea la excepción.







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