✅ Fin de la política de puertas abiertas: Europa acelera las deportaciones y estudia centros en terceros países

Bruselas aprieta el cerco a la inmigración ilegal con una reforma que desata la controversia

El Parlamento Europeo apuesta por una política migratoria más estricta y divide a la UE ¿Cambio histórico o retroceso en derechos? La Eurocámara aprueba un endurecimiento de las deportaciones.

La nueva normativa migratoria europea ha abierto un intenso debate entre seguridad y derechos humanos

Por: PLATAFORMA INTERNACIONAL DE PERITOS JUDICIALES FORENSES

Fuentes oficiales: Parlamento Europeo, Consejo de la Unión Europea.

Europa ha dado luz verde a un nuevo Reglamento de Retornos, una norma destinada a agilizar las expulsiones de personas que no cuentan con derecho legal para permanecer en la Unión Europea. La iniciativa, respaldada por los grupos conservadores y parte de la derecha europea, representa uno de los cambios más significativos en la política migratoria comunitaria de los últimos años.

Entre las principales novedades figura la creación de procedimientos más rápidos de retorno, la posibilidad de ampliar los períodos de detención administrativa y la autorización para establecer controvertidos centros de retorno en terceros países, donde podrían ser trasladadas personas con órdenes de expulsión mientras se tramita su deportación. Estas medidas forman parte del desarrollo del Pacto Europeo sobre Migración y Asilo.

La propuesta ha generado una fuerte división política. Los partidos que la apoyan sostienen que la Unión Europea necesita un sistema más eficaz para garantizar el cumplimiento de las decisiones de expulsión y reforzar el control de las fronteras exteriores. Argumentan que actualmente solo una parte de las órdenes de retorno llegan a ejecutarse y consideran necesario aumentar la eficacia del sistema.

Por el contrario, grupos socialdemócratas, liberales y verdes, junto con organizaciones de defensa de los derechos humanos, han advertido de que algunas disposiciones podrían plantear problemas relacionados con los derechos fundamentales y con el principio de no devolución, especialmente en lo referente a los centros de retorno situados fuera del territorio comunitario. Amnistía Internacional ha criticado el endurecimiento de las medidas y ha pedido un mayor escrutinio sobre su impacto humanitario.

El Gobierno de España ha expresado formalmente sus reservas ante la nueva regulación y ha cuestionado algunos aspectos relacionados con su legalidad y proporcionalidad. Madrid considera que determinados elementos del reglamento pueden afectar a las garantías jurídicas y a la protección de los derechos fundamentales.

Desde las instituciones europeas, el objetivo declarado es establecer un sistema de retornos más coordinado y aumentar la efectividad de las decisiones de expulsión en todos los Estados miembros. La reforma se enmarca en una tendencia más amplia de endurecimiento de las políticas migratorias impulsada en los últimos años dentro de la Unión Europea.