✅ ¡Traición en la frontera! Exigen llevar a Sánchez ante el Supremo por permitir la invasión de Ceuta

Claves de la petición ciudadana en el Congreso

El CNI advirtió al Ejecutivo con antelación sobre la llegada masiva a la frontera, pero el Gobierno decidió no actuar ante las alertas.

Por: COINPE • Fuentes oficiales

Hazte Oír y diversas plataformas cívicas han intensificado su presión política y social tras la desclasificación de informes oficiales por parte del Gobierno de España. Estos documentos han sacado a la luz que el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) advirtió formalmente al Ejecutivo con anterioridad sobre el asalto y la entrada irregular masiva prevista en Ceuta, detallando con precisión el día y la hora en que se producirían los hechos.

La publicación de estos archivos oficiales ha provocado una fuerte reacción institucional y en la opinión pública. Desde la oposición, partidos como el Partido Popular (PP) han calificado la gestión del Ejecutivo como una "mentira de Estado", responsabilizando directamente al Gobierno por su presunta inacción a pesar de contar con las alertas previas de los servicios de inteligencia. Por su parte, el Ejecutivo ha intentado defender su actuación y desviar las críticas, mientras sectores sociales y asociaciones exigen que se depuren responsabilidades políticas y judiciales.

Ante este escenario, la plataforma Hazte Oír ha lanzado una campaña de recogida de firmas dirigida a los grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados. El propósito fundamental de esta iniciativa es exigir a los partidos con representación parlamentaria con especial énfasis en la oposición que alcancen la cifra de 88 diputados necesaria para activar formalmente lo dispuesto en el artículo 102 de la Constitución Española. Dicho artículo establece que la exigencia de responsabilidad criminal al Presidente del Gobierno por delitos de traición o contra la seguridad del Estado debe ser planteada por dicha proporción de parlamentarios para que el Tribunal Supremo pueda abrir una investigación formal al respecto.

Los impulsores de la medida señalan que, a pesar de la existencia de indicios y de los informes gubernamentales desclasificados, el principal obstáculo institucional es de carácter numérico en la Cámara Baja. Por ello, buscan movilizar el apoyo ciudadano masivo para presionar a los representantes políticos a dar el paso procesal necesario y lograr que el caso sea investigado por la justicia en lugar de quedar limitado al debate político partidista.

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