Una tormenta de graves acusaciones sacude a la Empresa Municipal de Aguas y Alcantarillado de Palma (EMAYA), tras una extensa y demoledora denuncia interpuesta por el sindicato U.S.T.E. (Unión Sindical de Trabajadores de EMAYA Calidad Urbana). El documento, entregado a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de Baleares, revela una serie de presuntas prácticas mafiosas por parte de la alta dirección de la empresa pública, que van desde espionaje sindical y acoso psicológico hasta chantajes políticos y colaboración de sindicatos rivales para desmantelar al más fuerte.
📱 Vigilancia ilícita: EMAYA convierte los móviles personales en armas de control
El sindicato U.S.T.E. relata cómo, en una serie de reuniones a puerta cerrada con la directora de Servicios Corporativos y Recursos Humanos, Nuria Gallego Cañellas, se presentó a sus representantes documentación interna confidencial extraída sin consentimiento de sus propios grupos privados de WhatsApp.
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| Nuria Gallego Cañellas, directora de Servicios Corporativos de Emaya. |
Lo más inquietante es el método: una trabajadora afiliada a U.S.T.E. fue coaccionada para entregar su teléfono móvil personal y desbloquearlo, permitiendo que los equipos de Gallego extrajeran todos los chats, archivos y publicaciones. Esta operación de vigilancia clandestina incluyó el grupo de la Ejecutiva del sindicato, compuesto por siete miembros, cuyos mensajes fueron analizados, transcritos, clasificados y comentados entre el 4 de junio de 2018 y el 3 de abril de 2024. Toda esta información fue archivada y enviada por correo electrónico, como consta en los registros de los días 20 al 28 de agosto de 2024, siendo también participe Francisca Ballester.
🚪 Encierros, amenazas y en despachos
El relato sindical añade un episodio aún más alarmante: otro representante fue encerrado en el mismo despacho por la dirección, intimidado, avasallado y coaccionado a un interrogatorio hostil. Allí se le propuso traicionar a su sindicato a cambio de favores laborales y económicos. Se le dijo, literalmente, que la empresa "le tenía pillado" y que se estaba gestando su expediente de despido, basado en mil acusaciones fundadas.
🧨 La operación contra U.S.T.E. tenía nombre y apellidos: golpe de estado sindical
La denuncia va más allá del espionaje: la dirección de EMAYA habría impulsado directamente un golpe de estado interno contra U.S.T.E. mediante la colaboración activa de miembros del sindicato UGT, quienes entregaron sus móviles a Nuria Gallego para facilitar el volcado masivo de conversaciones privadas.
Uno de estos sindicalistas, en una declaración judicial, admitió que Gallego le ofreció ayuda económica si lograba quitarle afiliados a U.S.T.E. y romper su estructura interna. Este tipo de ingeniería sindical corporativa, donde una empresa pública se alía con una parte de un sindicato para destruir al adversario más fuerte, representa un atentado contra la libertad sindical y una instrumentalización del poder público sin precedentes en Baleares.
🧾 Todo por blindar sueldos de 95.000 euros y cargos eternos
Una de las maniobras más repugnantes relatadas por U.S.T.E. ocurrió durante el encierro de sus tres representantes en la mesa negociadora. Así como el Director General del Periódico de Baleares, Francisco José Castillo, por destapar en este medio el enchufismos sistemático. Por aquel entonces trabajaba en Emaya, sindicalista y siendo de la ejecutiva de dicho Sindicato. Allí, la directora Gallego los amenazó directamente con el despido si no firmaban un reglamento que convertía a los directores de área en personal fijo, con sueldos de 95.000 euros anuales, impidiendo así que fueran cesados por un futuro gobierno de PP o VOX tras las elecciones municipales de mayo de 2023. Esta jugada buscaba consolidar un blindaje político-económico para los altos cargos afines al actual poder municipal, reduciendo el margen democrático de los posibles nuevos gestores. Por supuesto por orden de Nuria Gallego y sus afines los directivos, estos sindicalistas fueron despedidos.
🚨 Un ataque sin precedentes contra el sindicato más representativo
USTE, con más de 230 afiliados, es el sindicato mayoritario de EMAYA. Su representación, tanto en el Comité de Empresa como en la negociación colectiva, lo ha convertido en un actor incómodo para la dirección. La estrategia denunciada busca eliminar esa incomodidad a cualquier precio, utilizando recursos humanos y tecnológicos de una empresa pública para destruir desde dentro una organización legalmente constituida.
⚖️ ¿Qué dice la ley? ¿Dónde está la justicia?
Todo lo descrito por U.S.T.E. constituye una violación flagrante del Estatuto de los Trabajadores, del derecho a la libertad sindical, de la protección de datos personales y del uso correcto de medios públicos. La intromisión en la privacidad, la coacción laboral, el chantaje político y la manipulación del ecosistema sindical no solo son éticamente repulsivos, sino también legalmente perseguibles.
Nuria Gallego otorgó ascenso estratégico a sindicalista de UGT para controlar denuncias internas
En un movimiento que generó controversia dentro del entorno sindical, un miembro de la UGT, con categoría básica de capataz, fue ascendido en EMAYA por Nuria Gallego al cargo de Capataz nivel A en el área de Administración, Servicios Jurídicos y Canal Ético. Según fuentes internas, este ascenso respondió a un intercambio de favores destinado a asegurar el respaldo de sindicatos afines a la dirección.
El nombramiento, que ya fue formalizado, colocó al sindicalista en una posición clave desde la que pudo controlar las denuncias internas, especialmente aquellas presentadas por trabajadores o representantes sindicales no alineados con la cúpula directiva.
Este nuevo puesto vino acompañado de un sueldo neto mensual de 3.500 euros, lo que incrementó las sospechas sobre el uso de promociones internas como herramienta para blindar a la dirección y neutralizar posibles críticas dentro de la empresa pública.
Lo ocurrido en EMAYA refleja una situación preocupante: abuso de poder, coacciones, favoritismos y un uso cuestionable de recursos públicos. Cuando en una institución se silencian voces críticas, se premia la obediencia y se accede a la intimidad de los trabajadores, se cruza una línea peligrosa. No se trata solo de gestión, sino de ética, de respeto y de responsabilidad pública. Es momento de actuar con transparencia y valentía. Si no se corrige el rumbo, lo que está en juego no es solo el futuro de una empresa, sino la confianza ciudadana en las instituciones.
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