✍Francisco José Castillo Navarro, Director General del Grupo Periódico de Baleares, Presidente Fundador de AMC/
La detención en Madrid de Leire Díez, conocida mediáticamente como la “fontanera del PSOE”, ha desatado un terremoto político de gran magnitud dentro del partido. La Guardia Civil, a través de la UCO, la arrestó en el marco de una investigación por presuntas irregularidades en contrataciones públicas vinculadas a la SEPI. Junto a ella fue detenido el expresidente del organismo estatal, Vicente Fernández, lo que agrava todavía más el alcance institucional del caso.
Lo inquietante no es solo la detención en sí, sino el papel que Díez decía desempeñar dentro del partido. En diversas grabaciones, realizadas por un fiscal y validadas por los jueces de la instrucción, la detenida llega a presentarse como la “mano derecha” de un alto dirigente socialista y como la persona que “ha puesto el PSOE” para determinadas gestiones. Estas afirmaciones, lejos de ser anecdóticas, planean sobre el partido como una sombra que la dirección no ha logrado disipar.
La investigación judicial sostiene que, más allá de las irregularidades contractuales, Díez habría impulsado maniobras destinadas a obtener información interna sobre mandos de la UCO, fiscales e incluso jueces, con el objetivo de influir o desacreditar investigaciones sensibles. La sola posibilidad de que alguien con pasado orgánico en el PSOE intentara interferir en investigaciones judiciales constituye un golpe severo para la credibilidad del partido, que ya venía arrastrando un desgaste reputacional notable.
El PSOE ha tratado de desligarse de Díez desde que estalló el escándalo, subrayando que ya no es militante. Sin embargo, esa explicación resulta insuficiente cuando en los audios la propia implicada asegura actuar en nombre del partido. Por más que Ferraz quiera marcar distancia, la pregunta persiste: ¿cómo pudo alguien que presumía de actuar bajo directrices del PSOE moverse con tanta libertad sin que nadie dentro de la organización lo detectara o lo frenara?
La causa, dirigida por la Audiencia Nacional, apunta además a posibles favores, ofrecimientos de ascensos dentro de la Guardia Civil y tentativas de acceso privilegiado a información judicial. Todo este entramado dibuja un paisaje de uso irregular de influencia política, algo especialmente grave cuando procede de un partido que ostenta responsabilidades de gobierno o aspira a recuperarlas.
La detención de Díez no es un caso aislado, sino un síntoma de un problema más profundo: la incapacidad del PSOE para controlar sus propias redes internas, para garantizar transparencia en su estructura y para evitar que figuras vinculadas al partido queden atrapadas en tramas donde se mezclan intereses políticos, económicos y personales. La respuesta institucional ha sido tímida y reactiva, más centrada en contener daños que en esclarecer responsabilidades.
Con esta operación aún abierta, la crisis promete ampliarse. Cada nueva revelación erosiona aún más la imagen de un partido que ya afronta un clima de creciente desconfianza social. Si el PSOE pretende salir de este escándalo con algo de autoridad moral intacta, necesitará más que comunicados: tendrá que asumir una depuración real, un cambio de cultura interna y una rendición de cuentas que hasta ahora no ha demostrado.
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