En el año 2022 entró en vigor la Ley 20/2021 de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público y que afectaba ¨de lleno¨ a la empresa Emaya como sociedad mercantil pública de la Administración Local mediante procesos de estabilización para todos aquellos trabajadores que habían ingresado en la empresa desde mayo de 2007. Tras una aplicación torticera y arbitraria de esta ley por los servicios jurídicos la empresa, dos años después, se sigue nutriendo de trabajadores interinos y de trabajadores fijos-discontinuos, en la actualidad más de 300 de la plantilla para labores estructurales alcanzando las tasas más altas de temporalidad en empresa pública, desoyendo las recomendaciones y disposiciones legales sin poder sobrepasar el límite legal del 8 por 100 de plantilla temporal y sobrepasando con creces en un 30 por 100 de la plantilla estructural por la nefasta gestión de Recursos Humanos.
Esta precariedad laboral en el área de Calidad Urbana alcanza en la actualidad a más de 300 trabajadores, sobrepasando el global de la plantilla estructural mínima y necesaria para cubrir todos los servicios que la empresa dispensa a los ciudadanos de Palma (barrido manual, vaciado de contenedores, recogida de trastos, limpieza de puntos negros, etc...).
Doscientos fijos-discontinuos han interrumpido su trabajo en el mes de octubre ¨enviándoles al paro¨ con apenas 6 meses y medio de actividad coincidente con el periodo estival, muchos de ellos sin derecho a prestación por desempleo . Es decir, los meses de otoño e invierno la ciudad de Palma seguirá manteniendo o empeorando su calificación como ciudad más sucia de España.
El problema sistémico de la gestión de Recursos Humanos en la empresa pública Emaya aún persiste tras el despido de los sindicalistas que denunciaron esta política, con nula repercusión para los responsables de esta acción quienes se oponen a alargar el periodo de ocupación de los 200 fijos discontinuos y sin cobertura de las vacantes fijas por bajas definitivas por jubilación y por la ausencia e ineficacia de procesos ordinarios de estabilización de puestos de trabajo.
Las consecuencias para los servicios que dispensa la empresa Emaya a los ciudadanos son nefastas . El presidente de la empresa Lorenzo Bauzá omite hablar de privatización o externalización de los servicios que no cubre Emaya por falta de efectivos, lo oculta con el penoso calificativo de ¨colaboración¨ al privatizar servicios de limpieza.
La consecuencia de la falta de personal ha dado lugar que más de cuatrocientas rutas de barrido de calles cada mes se dejen de limpiar, a un elevadísimo y preocupante absentismo con casi UN CENTENAR DE BAJAS LABORALES por la presión laboral a que son sometidos por esta Dirección, en la orden de suspender los descansos semanales a la plantilla del turno de noche por falta de personal, el no atender la limpieza de los ¨PUNTOS NEGROS ¨de la ciudad y que son aquellos que requieren atención mañana y tarde, trabajadoras de las barriadas más sucias de Palma realizando 2 rutas diarias de diez mil metros lineales de limpieza con escoba, pala y carrito, la falta de efectivos para la recogida de trastos en turno de noche y de puntos de contenedores, el baldeo de calles, la retirada de hoja, la eliminación de hierbas en aceras y bordillos, el vaciado diario de papeleras y recipientes, etc…
La privatización de servicios de esta empresa pública y la evitación de cubrir plantilla fija necesaria lo achaca esta Dirección de Servicios Corporativos al impacto económico que los procesos de estabilización de los trabajadores temporales supone para las arcas municipales, la frase elocuente, despectiva y repetitiva de sus responsables actuales es que ¨ los trabajadores de Emaya son muy caros¨.
En reciente asamblea los trabajadores, mediante su voto personal y libre, decidieron no autorizar a los sindicatos en la firma de un nuevo convenio colectivo con la empresa con una considerable reducción de derechos laborales en el convenio actual en vigor. Ni con el beneplácito sindical asegurado por la Dirección mediante favores laborales y privilegios salariales a determinados sindicalistas, algunos amenazados con despido y taxi personal.
La solución a este problema del gobierno actual del Partido Popular es la aplicación de un Plan de Choque por sectores o zonas. El plan de choque ya fue aplicado por el anterior gobierno del PP en la etapa de 2011-2015 y que consiste en limpiar a fondo barriadas del extrarradio ( cincuenta y dos ) en el turno cuando les toque como si la limpieza a fondo de las calles evita atenderlas al día siguiente con periodicidad diaria.
Esta política del gobierno actual no es novedosa, en el año 2011 la Dirección del PP intentó aplicar en Emaya un Despido Colectivo que afectaba a más de 260 trabajadores que habían obtenido su condición de indefinidos por contratación en fraude de ley por el gobierno anterior del PSOE. El objetivo tras el despido colectivo era crear la figura del ¨peón ordinario ¨con una reducción del salario de un 30 por 100.
Nada distinto y diferente a lo que este gobierno del PP quiere volver a intentar hacer con los 200 fijos-discontinuos y 100 temporales interinos.
La negativa a colaborar de sindicalistas del sindicato USTE con la Dirección de Servicios Corporativos de Emaya mediante mensajes a sus correos personales que se les necesitaba para ¨trabajar conjuntamente¨ en este latrocinio mediante fraudulentos procesos de estabilización de los centenares de puestos de trabajo interinos y no fijos de Emaya en su área de Calidad Urbana ¨con un objetivo y resultado pernicioso¨. Cuando el 100 por 100 de los Directores si estabilizaron su puesto de trabajo de inmediato y con la urgencia de las elecciones municipales de mayo de 2023, lo que motivó los despidos de estos sindicalistas declarados nulos por la justicia social.
.jpg)
