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El próximo 21 de febrero, a las 20:15 horas, la Biblioteca Municipal de Ibiza se convertirá en el epicentro de la inspiración y la esperanza con la presentación de El Fénix Renacido, la nueva obra de Francisco José Castillo Navarro. Tras el éxito arrollador de su primera presentación en Palma.

UGT y CCOO: Sindicatos subvencionados por el Estado y al servicio de los partidos de izquierda, no de los trabajadores

 


En España, la financiación pública de los sindicatos UGT y CCOO ha generado una profunda desigualdad que pone en entredicho la verdadera función de estos actores en el panorama laboral. En lugar de ser actores que representen y defiendan los intereses genuinos de los trabajadores, se han convertido en estructuras burocráticas que responden más a intereses políticos que a los de los empleados que dicen proteger.

Estos sindicatos, que reciben una generosa cantidad de dinero público, tienen una ventaja competitiva injusta sobre el resto de las organizaciones sindicales que se ven obligadas a sostenerse únicamente con las cuotas de sus afiliados. Esta diferencia en la financiación no solo pone en peligro la pluralidad sindical, sino que también demuestra una falta de transparencia y de justicia en el sistema de apoyo estatal a las entidades que dicen velar por los derechos laborales.

Pero la cosa no termina ahí. Muchos de los sindicalistas que lideran estas organizaciones no parecen estar verdaderamente comprometidos con la causa de los trabajadores. Algunos de ellos son sindicalistas liberados que llevan años sin pisar un lugar de trabajo real, viviendo a costa del sistema y sin tener ni la menor idea de las dificultades cotidianas que enfrentan los empleados. Estos líderes, que se mueven en círculos cercanos a ciertos sectores de la izquierda, parecen tener más interés en garantizar sus propios beneficios y en mantener sus posiciones de poder que en mejorar las condiciones laborales de los trabajadores.

Es incluso irónico ver cómo, mientras se presentan como los salvadores de la clase trabajadora, muchos de estos sindicalistas carecen de estudios formales y, en muchos casos, ni siquiera alcanzan la educación básica. Esto genera un contraste aún más evidente con las pretensiones de estos sindicatos de gobernar el destino de los trabajadores.

Lo más alarmante, sin embargo, es cómo han adoptado una postura política que responde a intereses partidistas en lugar de defender los derechos de los trabajadores. Un claro ejemplo de esto es la reciente convocatoria de movilizaciones para el domingo 2 de febrero, que van en contra de la oposición de JUNTS, PP y Vox por la famosa ley Omnibus donde el Gobierno de Sánchez quería meter decretos que solo beneficia a su gente.

Por si fuera poco, las sedes de estos sindicatos son, en muchos casos, cedidas por el Estado y los ayuntamientos, lo que significa que los ciudadanos terminan financiando no solo sus actividades, sino también la infraestructura que utilizan. Solo tienen que asumir los costos de los servicios básicos, como la luz y el agua, mientras que el resto de las organizaciones sindicales debe cubrir todas sus necesidades a través de sus propios recursos.

Es hora de que esta situación cambie. La financiación pública de estos sindicatos debe ser eliminada y redistribuida para beneficiar a quienes realmente lo necesitan: los trabajadores y los ciudadanos que se enfrentan a una creciente desigualdad social. Los sindicatos deben financiarse exclusivamente con las cuotas de sus afiliados, como ocurre en cualquier organización que se precie de ser verdaderamente representativa y autónoma. La dependencia del dinero público no hace más que perpetuar un sistema de favores y prebendas que, lejos de servir a la justicia social, perpetúa el statu quo en beneficio de unos pocos.

Es el momento de acabar con este privilegio y devolver la dignidad y la transparencia al mundo sindical, que debe ser sinónimo de lucha genuina por los derechos de los trabajadores, no de intereses políticos y prebendas.


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