✍Francisco José Castillo Navarro, Director General del Grupo Periódico de Baleares, Presidente Fundador de AMC/
El próximo 15 de octubre, varios sindicatos y colectivos han convocado una huelga general y estudiantil en toda España en apoyo al pueblo palestino y en protesta contra la situación en Gaza. Lo que debería ser una expresión legítima de opinión se ha transformado en un acto de irresponsabilidad absoluta, poniendo en riesgo la estabilidad social, laboral y económica del país. Los convocantes, entre los que se encuentran CGT, Solidaridad Obrera, ASC y Confederación Intersindical, junto con colectivos como Madrid por Palestina y la Asociación Hispano-Palestina, han decidido lanzar una movilización masiva sin medir las graves consecuencias que esto tendrá sobre los ciudadanos. La ausencia de apoyo de UGT y CCOO, que optaron por paros parciales y concentraciones simbólicas, evidencia la falta de consenso y sensatez de los promotores, quienes parecen más interesados en la visibilidad mediática de su protesta que en el bienestar de la población.
La huelga amenaza con paralizar sectores esenciales de manera inmediata. En la educación, millones de estudiantes y docentes se verán afectados, con clases canceladas y exámenes aplazados, lo que genera un retraso acumulativo que repercute directamente en el aprendizaje y en la organización de los centros. En el transporte, los ciudadanos sufrirán interrupciones en trenes, metro, autobuses y vuelos, provocando colas interminables, retrasos y pérdida de tiempo laboral, mientras las empresas enfrentan pérdidas económicas considerables. Los servicios públicos, incluyendo hospitales y administración local, también se verán tensionados, con turnos incompletos y atención reducida, afectando a quienes más dependen de ellos, como personas mayores, enfermos y familias trabajadoras.
Lo más preocupante es que esta movilización masiva llega justo después del anuncio de una fase del plan de paz entre Israel y Hamás, promovido por Donald Trump y respaldado por la comunidad internacional, lo que evidencia la desconexión total de los convocantes con la realidad diplomática y su negativa a considerar alternativas menos disruptivas. Mantener una huelga de 24 horas en este contexto no solo es innecesario, sino que refleja una falta de responsabilidad política y social que puede desacreditar la causa que supuestamente apoyan.
Lejos de ser un acto constructivo, la huelga se presenta como una maniobra desmesurada y peligrosa, que utiliza la situación en Gaza como pretexto para paralizar el país. La decisión de no coordinarse con los sindicatos mayoritarios y de ignorar soluciones menos disruptivas demuestra una irresponsabilidad flagrante, una desconexión con la ciudadanía y un desprecio por los derechos y necesidades de los trabajadores y familias afectadas. Esta protesta no solo resulta ineficaz, sino que se convierte en una carga injusta y dañina para millones de españoles, generando interrupciones, caos urbano, pérdidas económicas y estrés innecesario.
Además, la desorganización de los convocantes amenaza con exacerbar conflictos laborales existentes en diversos sectores. Por ejemplo, los trabajadores del transporte urbano y ferroviario ya enfrentan condiciones laborales complicadas, y la huelga puede incrementar la tensión y los conflictos internos, en lugar de aportar soluciones. En la educación, los docentes y alumnos sufren el impacto directo de paros que interrumpen la continuidad de los estudios, mientras que los padres deben reorganizar sus horarios, generando un estrés adicional en la vida familiar y laboral. En el comercio, las pequeñas y medianas empresas pueden experimentar pérdidas económicas por cierres obligatorios o ausencia de personal, lo que afecta directamente a la economía local y a los empleados dependientes de estos negocios.
La huelga del 15 de octubre no es solo un acto de protesta: es una carga social y económica que cae sobre los hombros de quienes no tienen responsabilidad alguna en el conflicto internacional que se pretende visibilizar. La decisión de los convocantes de priorizar la protesta simbólica sobre la realidad cotidiana de los ciudadanos demuestra una falta de empatía, sensatez y responsabilidad social. Más que solidaridad, lo que evidencia esta huelga es un desconocimiento alarmante de las consecuencias reales de sus acciones, que podrían generar efectos negativos duraderos en la confianza de la ciudadanía hacia los sindicatos y colectivos que la promueven.
En definitiva, esta huelga es un ejemplo claro de irresponsabilidad y desconexión con la realidad social y económica de España. La movilización, lejos de ser una herramienta efectiva para generar conciencia, se convierte en un acto desproporcionado y perjudicial, que prioriza intereses políticos y mediáticos sobre el bienestar de la población. La sociedad española necesita acciones de protesta conscientes, responsables y proporcionadas, que busquen soluciones constructivas en lugar de paralizar el país y afectar a millones de personas por decisiones impulsivas de unos pocos colectivos. Esta convocatoria, lejos de visibilizar una causa, pone en evidencia la imprudencia y falta de responsabilidad de sus promotores, y deja claro que el daño para la ciudadanía supera cualquier beneficio simbólico que pretendan lograr.
FJCN
.jpg)
