El recurso denuncia que la norma vulnera competencias autonómicas y pone en riesgo el equilibrio territorial al permitir la expropiación y cesión de suelo sin control suficiente
Diversos grupos parlamentarios y entidades jurídicas han presentado un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de Obtención de Suelo, argumentando que representa una “amenaza territorial” y una invasión de competencias autonómicas en materia de ordenación del territorio y urbanismo.
El recurso, formalizado ante el Tribunal Constitucional, sostiene que la ley otorga al Estado una capacidad excesiva para intervenir en la gestión del suelo, permitiendo expropiaciones y cesiones forzosas sin que las comunidades autónomas puedan ejercer un control efectivo sobre los procedimientos.
Los promotores del recurso advierten que la norma podría generar desequilibrios territoriales y abrir la puerta a actuaciones urbanísticas que afecten al desarrollo sostenible y a la autonomía local. Asimismo, critican que el texto legal carece de garantías suficientes para proteger los intereses de los propietarios y de las administraciones locales.
Desde el Gobierno, en cambio, se defiende que la Ley de Obtención de Suelo busca agilizar la creación de vivienda asequible y optimizar el uso del suelo público en un contexto de fuerte presión inmobiliaria, asegurando que respeta plenamente el marco constitucional.
El Tribunal Constitucional deberá ahora decidir si admite a trámite el recurso, un paso que podría marcar un precedente en el ámbito de la gestión territorial y urbanística del Estado.








