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El Ejecutivo de Reino Unido endurece su política migratoria con nuevas medidas destinadas a disuadir las solicitudes y agilizar las deportaciones
El Gobierno británico ha anunciado un nuevo paquete de medidas destinadas a retirar prestaciones sociales a determinados solicitantes de asilo y facilitar su expulsión del país. El plan forma parte de la estrategia del Ejecutivo para reducir la inmigración irregular y reforzar los mecanismos de control fronterizo.
Según lo adelantado por las autoridades, las nuevas disposiciones contemplan la limitación del acceso a ayudas económicas, la restricción de alojamiento financiado por el Estado y la creación de procedimientos más rápidos para tramitar deportaciones en casos de solicitudes consideradas infundadas o procedentes de países catalogados como seguros.
El Gobierno sostiene que estas medidas buscan desincentivar la llegada de migrantes irregulares, evitar abusos del sistema de protección internacional y garantizar que los recursos públicos se destinen exclusivamente a quienes cumplen los requisitos de asilo según la legislación británica.
Organizaciones humanitarias y grupos de defensa de los derechos de los migrantes han expresado su preocupación ante este endurecimiento, alertando de que podría dejar a numerosas personas en situación de vulnerabilidad extrema y dificultar el acceso a procedimientos de protección internacional justos y efectivos.
El Ejecutivo, por su parte, defiende que la prioridad es asegurar un sistema “firme y justo” y ha reiterado su intención de seguir impulsando reformas para agilizar expulsiones, reforzar acuerdos de devolución y evitar que Reino Unido se convierta en destino de redes de tráfico de personas.
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