✍Francisco José Castillo Navarro, Director General del Grupo Periódico de Baleares, Presidente Fundador de AMC/
La decisión del Ayuntamiento de Palma de cancelar todos los conciertos y actos programados de la Revetla de Sant Sebastià, incluido el fogueró, los espectáculos y las actuaciones musicales, ha terminado por convertirse en un boomerang político y económico de enormes proporciones. Más allá del respeto legítimo hacia las víctimas de la tragedia ferroviaria que sacudió a España, la gestión de este proceso plantea serias dudas sobre la previsión, responsabilidad y los intereses reales.
Una decisión que no fue acompañada de un plan alternativo ni de mecanismos de cobertura financiera que protegieran al Ayuntamiento frente a las consecuencias económicas de dicha cancelación. Ahora, casi 300.000 euros de dinero público se perderán sin recuperación alguna, y serán los ciudadanos de Palma quienes asumirán la factura final.
¿Por qué no se previó un plan de contingencia?
Lo primero que se plantea es una cuestión elemental: ¿por qué una administración con experiencia en eventos multitudinarios no contrató un seguro que cubriera escenarios imprevistos? No hablamos de lluvia o deficiencias técnicas: hablamos de cancelaciones forzadas por luto oficial o crisis nacional, entre otras posibilidades. Este tipo de eventualidades, por su impacto potencial, deberían haber estado contempladas en cualquier planificación presupuestaria seria. El hecho de que no lo estuvieran es, como mínimo, una señal de improvisación preocupante.
¿Quién se beneficia de la organización de conciertos financiados con dinero público?
Otro interrogante ineludible es: ¿quiénes son los reales beneficiarios de los contratos musicales y de producción? Las cifras desembolsadas por el Ayuntamiento se destinan a una red de empresas gestoras de artistas, técnicos, productoras y proveedores. ¿Qué cláusulas se negociaron con estas empresas? ¿Por qué no se incluyeron penalizaciones que protegieran al erario público en caso de cancelaciones extraordinarias? Y sobre todo: ¿por qué ninguna de estas empresas se solidarizó con la situación excepcional y buscó soluciones compartidas en vez de reclamar el pago íntegro de sus contratos?
La falta de gesto solidario por parte de los promotores y representantes de los artistas resulta llamativa. En un contexto de tragedia nacional, se esperaría que las partes implicadas ofrecieran términos flexibles o incluso condonaciones parciales. Pero no fue así, lo que invita a preguntarse si hay intereses comerciales más fuertes que las expresiones públicas de respeto hacia el luto colectivo.
Falta de transparencia y rendición de cuentas
La gestión de Xavi Bonet como responsable de Cultura y primer Teniente de Alcalde, con el conjunto de equipo de gobierno abre la puerta a una serie aún más amplia de cuestionamientos: ¿se realizó un análisis de riesgos antes de comprometer casi 300.000 euros de fondos municipales? ¿Quién evaluó las posibles contingencias de la Revetla? ¿Hubo recomendaciones técnicas que fueron ignoradas por razones políticas o de imagen?
Hasta ahora, las explicaciones oficiales han sido vagamente justificadas como “gesto de respeto”. Pero al final, el gesto ha costado dinero que no se recupera, y ha dejado evidentes deficiencias en la capacidad de planificación del gobierno municipal. Y quienes pagan la cuenta no son los líderes políticos, sino los contribuyentes.
Un episodio demasiado extraño para ser casual
Todo indica que este episodio no es simplemente una mala gestión circunstancial sino un síntoma de fallos institucionales más profundos: ausencia de planificación real, relaciones opacas con empresas proveedoras, y decisiones que parecen responder más a criterios de cálculo político que a criterios técnicos y de protección de los recursos públicos.
La ciudadanía de Palma merece respuestas claras, no discursos institucionales. Merece entender:
-Quiénes firmaron los contratos y bajo qué condiciones.
-Por qué no se habilitaron seguros anticipados o cláusulas de contingencia.
-Qué intereses comerciales o políticos pueden haber influido en una decisión tan costosa y, aparentemente, tan mal planificada.
Porque cuando se gestionan eventos públicos con dinero de todos, la transparencia no es una opción: es una obligación.
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