✅ Nueva dirección de USTE impulsa una ofensiva legal contra EMAYA por presuntas vulneraciones de derechos fundamentales

USTE enfrenta batalla legal contra EMAYA por vulneración de derechos fundamentales

La nueva ejecutiva de USTE endurece el pulso contra EMAYA en una batalla judicial por intimidad, libertad sindical y derechos fundamentales.

Francisco José Castillo Navarro, Secretario General de USTE

✍COINPE/

La Unión Sindical de Trabajadores de Empresa (USTE) ha iniciado una nueva etapa con la elección de su Comité Ejecutivo, encabezado por Francisco José Castillo Navarro como Secretario General. Este cambio se produce en un momento clave para el sindicato, que avanza fortaleciendo su papel al incorporar nuevas áreas como la Calidad del Agua de la empresa pública EMAYA, al mismo tiempo que afronta con determinación y responsabilidad los procedimientos judiciales y administrativos en curso.

Acusaciones graves contra EMAYA

El corazón del conflicto radica en presuntas vulneraciones de derechos fundamentales por parte de EMAYA y sus servicios jurídicos. Según denuncias, la empresa habría realizado accesos continuados y no autorizados a conversaciones privadas en grupos de WhatsApp utilizados por más de doscientos afiliados del sindicato para comunicación interna, coordinación y asesoramiento. Así como en el de comíte ejecutivo de USTE.

La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) deberá dirimir próximamente sobre estas presuntas vulneraciones que Inspección de Trabajo ya ha calificado como "muy graves". Las acusaciones incluyen ataques a la intimidad, dignidad de los trabajadores y libertad sindical durante un período de seis años.

Críticas a la dirección actual

El nuevo Comité Ejecutivo de USTE critica duramente a la dirección actual de EMAYA por no haber aplicado correctamente el sistema de régimen disciplinario a jefaturas del Área de Servicios Corporativos y Jurídicos, acusándolas de extralimitación de funciones y prevalencia de su poder jerárquico para perjudicar al sindicato.

Se denuncia particularmente la actuación de la jefa de servicios jurídicos, miembro del comité de privacidad y Protección de Datos y el jefe dpto. RRHH, a quienes se acusa de colaborar en casos de acoso laboral y sindical y de estar implicados en "delitos continuados contra trabajadores y sus representantes sindicales".

Responsabilidad política

Lorenzo Bauzá de Keizer, presidente de EMAYA y político del Partido Popular, a quien acusa de incumplir su deber de veracidad al alegar en el pleno del Ayuntamiento de Palma que las infracciones de los sindicalistas habían sido cometidas sin usar el calificativo "presunción", cuando según el sindicato, los fallos judiciales y dictámenes de la Fiscalía indicarían lo contrario.

Las sentencias judiciales citadas por el sindicato señalan que "las conductas pueden encauzarse dentro del ámbito de la actividad sindical" y que "no cabe apreciar la comisión de infracciones disciplinarias", sugiriendo que los despidos tuvieron como finalidad "cortar de raíz la actividad sindical".

El nuevo Comité Ejecutivo de USTE concluye con un mensaje de absoluta firmeza: "No se puede matar la verdad, no se puede matar la justicia ni aquello por lo que el Sindicato USTE y su nuevo Comité Ejecutivo decidirá", dejando claro que no habrá retroceso alguno y que continuarán la batalla legal hasta las últimas consecuencias en defensa de los derechos fundamentales de los trabajadores.

En este sentido, comunican que ya se están preparando demandas penales y ultimando acciones legales de gran alcance, dirigidas a identificar, señalar y exigir responsabilidades a todos los causantes implicados en estos hechos. Esto incluye a responsables institucionales, a trabajadores de Emaya que colaboraron activamente en este atropello, así como a sindicatos afines a la dirección anterior y actual que hayan participado, consentido o encubierto estas prácticas.

USTE advierte de que estas actuaciones no quedarán impunes y que se impulsarán todas las vías judiciales necesarias, incluyendo la depuración de responsabilidades penales, con el objetivo de que cada actuación tenga su correspondiente consecuencia legal. El sindicato subraya que la impunidad ha terminado y que cualquier conducta que haya vulnerado derechos será llevada ante los tribunales, sin excepciones ni concesiones.