La desprotección de las menores en Ceuta exige una respuesta inmediata ante la escalada de violencia sexual en la frontera
La saturación de los recursos de acogida y la presencia de niñas pernoctando en asentamientos informales destapan graves fallos en la cadena de custodia y reabren un tenso debate sobre la eficacia del Gobierno central.
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La situación socioasistencial y de seguridad que atraviesa Ceuta tras los recientes flujos migratorios ha puesto sobre la mesa la extrema vulnerabilidad de las menores de edad que quedan fuera del sistema de protección oficial. La confirmación por parte de los servicios sanitarios y de los órganos judiciales de la atención médica y la apertura de investigaciones por agresiones sexuales cometidas en la ciudad autónoma expone una realidad inaceptable.
Ninguna niña o adolescente debería pernoctar en descampados, asentamientos improvisados o zonas de riesgo fronterizo expuesta a la violencia, la trata o la explotación sin que el Estado garantice un amparo institucional inmediato. La presencia de menores desatendidas en estos puntos críticos exige una intervención prioritaria para evitar que se repitan situaciones de riesgo.
“La saturación asistencial no puede traducirse en desamparo en la calle mientras se suceden las denuncias en la frontera.
A esta compleja ecuación se suma el papel decisivo de Marruecos y la responsabilidad de sus autoridades en la dejación de funciones respecto a su propia población infantil. Mientras las altas esferas del país vecino ostentan un elevado nivel de vida y concentración de riqueza, grandes sectores de la población marroquí se enfrentan a severas dificultades socioeconómicas, lo que empuja a cientos de menores a cruzar la frontera sin ningún tipo de custodia ni amparo familiar previo por parte de su Estado de origen.
Frente a este escenario, las críticas hacia la gestión del Ministerio de Igualdad y del Ministerio de Juventud e Infancia se han intensificado con dureza por parte de diversos sectores políticos y sociales, que denuncian una alarmante ineficacia preventiva y un despliegue defensivo insuficiente. Se cuestiona que las medidas de amparo no lleguen a tiempo ni con la contundencia necesaria a los puntos donde la infancia se encuentra más desprotegida.
Aunque desde el Ejecutivo central se apela a la movilización de los fondos del Pacto de Estado contra la Violencia de Género y a la coordinación con las comunidades autónomas para acelerar las derivaciones, la saturación asistencial no puede traducirse en desamparo en la calle. Paralelamente, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y la Justicia deben mantener una persecución implacable para encarcelar a los agresores y garantizar la impunidad cero.
Más allá de los reproches cruzados en la arena política y del colapso de las infraestructuras, el caso de Ceuta plantea una cuestión de fondo sobre las prioridades de un Estado de derecho y las exigencias diplomáticas hacia los países vecinos. Cuando el amparo a la infancia más vulnerable falla en la frontera y las medidas no llegan a tiempo para evitar la violencia, el debate deja de ser meramente burocrático para convertirse en una exigencia ética.
La eficacia de las políticas públicas y del compromiso social no se mide en discursos ni en intenciones, sino en su capacidad real para proteger la integridad y la dignidad de quienes más lo necesitan.
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