Escándalo en la OIT: retribuciones de lujo y dedazos que encienden el debate público
La indignación ciudadana estalla ante los sueldos galácticos y la colocación de cargos políticos que carecen de los requisitos exigidos en la calle.
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El nombramiento de Yolanda Díaz como directora adjunta de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) —puesto para el que habría sido propuesta tras no fructificar su candidatura a la presidencia promovida por Pedro Sánchez— vuelve a encender el debate sobre el mérito y la capacidad en la alta función pública. La noticia de su incorporación a la dirección del organismo multinacional, respaldada con un sueldo público que roza los 250.000 euros anuales, supone un nuevo episodio de puertas giratorias que indigna a una ciudadanía exhausta de presenciar cómo la política garantiza refugios de oro a sus cúpulas.
La designación de Yolanda Díaz resulta indefendible desde cualquier estándar técnico de la diplomacia internacional. Ocupar la segunda posición ejecutiva en un organismo de la envergadura de la OIT exige una competencia lingüística intachable, dominio fluido del inglés y una trayectoria negociadora multicultural de nivel global. Que una figura pública cuya manifiesta carencia de idiomas y limitada proyección técnica internacional ha sido objeto recurrente de controversia asuma un cargo de semejante responsabilidad solo se explica bajo la lógica del pago de favores políticos y el señalamiento a dedo.
Este episodio pone de manifiesto la impunidad con la que la clase política sortea las exigencias que se le imponen a cualquier trabajador del sector privado. Mientras a los jóvenes y profesionales cualificados se les exige un perfil curricular impecable, idiomas acreditados y oposiciones exigentes, a figuras como Yolanda Díaz se las acomoda en puestos multilaterales con retribuciones astronómicas pagadas con el esfuerzo del contribuyente.
La diplomacia internacional no puede seguir funcionando como un retiro para perfiles políticos cuyo ciclo en la gestión doméstica se agota. La colocación a dedo sin atender a criterios objetivos de idoneidad, idioma y mérito destruye el prestigio de las instituciones y consagra un privilegio de casta que la sociedad ya no está dispuesta a tolerar.
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