El CNI acorrala a Sánchez por su pasividad y cesiones frente a las presiones de Rabat
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El Centro Nacional de Inteligencia (CNI) ha entregado un informe determinante a la titular del Juzgado Central de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional, la jueza María Tardón, en el marco de la investigación sobre los graves acontecimientos sufridos en la frontera de Ceuta a finales de julio. La documentación aportada por la inteligencia española concluye de forma tajante que las autoridades del régimen de Marruecos eran «plenamente conscientes» de las movilizaciones y de la presión migratoria que se estaba gestando en Castillejos antes y durante los días 30 y 31 de julio, manteniendo una deliberada pasividad operativa.
Este término «plenamente consciente» resulta demoledor en el análisis judicial y diplomático. Explica por qué, a partir de ese momento y hasta la actualidad, el país ha tenido que asistir a episodios de desprecio fronterizo, el rechazo sistemático por parte de Rabat a aceptar repatriaciones de sus propios fallecidos en el mar, o maniobras de desestabilización. Asimismo, la documentación evidencia que los propios servicios de inteligencia avisaron oportunamente al Ejecutivo central. Frente a esta realidad, diversos sectores denuncian que la nefasta gestión de Pedro Sánchez y su gobierno han mentido y deben pagarlo judicialmente, al haber ocultado la gravedad de las advertencias previas y mantener una postura de pasividad.
Escalada de provocaciones navales tras la visita del Rey Felipe VI
La tensión en la zona se ha visto agravada por nuevos incidentes de vulneración de la soberanía nacional. Inmediatamente después de concluir la visita oficial del Rey Felipe VI a las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, una patrullera de la Marina Real de Marruecos penetró e invadió aguas territoriales españolas en la bahía sur de Ceuta. La embarcación militar marroquí permaneció durante aproximadamente siete horas realizando maniobras no autorizadas en espacio marítimo español. Solamente se retiró a toda velocidad en dirección a sus bases cuando una patrullera de la Guardia Civil zarpó para proceder a su interceptación e inspección.
Este hecho no se trata de un caso aislado, sino de parte de un patrón continuado de provocaciones que incluye la presencia cercana de fragatas marroquíes a escasa distancia del límite fronterizo. A pesar de la reiteración de estas violaciones del espacio marítimo y de los informes que alertaban del asalto fronterizo, la respuesta de la Moncloa ha sido calificada como una permanente actitud de sumisión diplomática.
Las claves de la sumisión ante el régimen de Mohamed VI
Tras revelarse espionajes en las comunicaciones del presidente y ministros mediante ciberherramientas, analistas coinciden en que el Ejecutivo de Pedro Sánchez actúa condicionado por la presión o el chantaje informativo del país vecino.
La decisión de cambiar la posición de España sobre el Sahara Occidental, adoptada al margen del Congreso de los Diputados, no ha servido para detener los desafíos a la integridad territorial, dejando a la administración española en una situación de debilidad estructural.
En lugar de respaldar con contundencia a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, a la Armada y al CNI, el Ejecutivo ha intentado restar importancia a las incursiones navales etiquetándolas como "hechos puntuales".
La tramitación de la causa en la Audiencia Nacional bajo la instrucción de la jueza María Tardón sitúa al Gobierno en una encrucijada jurídica e institucional. Las pruebas documentales entregadas por el CNI y las diligencias solicitadas a la Policía Nacional y la Guardia Civil apenas suponen el comienzo de un proceso orientado a determinar las responsabilidades políticas y penales por la gestión de la seguridad fronteriza y la defensa de la soberanía nacional.
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