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✅ LO MÁS VISTO DEL DÍA | Persecución sindical y mordaza en EMAYA: El Ayuntamiento de Palma ampara el acoso a los trabajadores que destapan irregularidades

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Mordaza y castigos en EMAYA

Castigan a un ex-delegado de EMAYA por exigir justicia: el Ayuntamiento de Palma, que ampara el nepotismo y la represión.


Francisco José Castillo Navarro
PorFrancisco José Castillo Navarro
Director General Grupo Periódico Baleares | Presidente Fundador AMC | Secretario General Sindicato USTE| Ganador III Concurso Internacional de Microrrelatos “Microdragones”

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La impunidad caciquil de los mandos, la vulneración sistemática de la libertad sindical y el uso arbitrario del régimen disciplinario como un garrote político se han convertido en la repugnante tónica habitual en la empresa pública EMAYA y en el Ayuntamiento de Palma. Lo que debería ser una entidad pública volcada en el servicio al ciudadano y el respeto a la legalidad se ha transformado en un infecto régimen de represalias, mordaza dictatorial y persecución implacable hacia aquellos empleados honrados que se atreven a alzar la voz contra las podredumbres y chanchullos internos.

La protesta en la Plaza de Cort: El grito desesperado ante la represión

Desde el 28 de octubre hasta el 10 de noviembre, la céntrica Plaza de Cort frente a las puertas del consistorio presencia las valientes movilizaciones pacíficas convocadas por José Luis García Monteagudo, trabajador del área de Calidad Urbana y exdelegado sindical de CGT. A través de una protesta ininterrumpida que abarca turnos de mañana, tarde y noche, el empleado ha decidido plantarse con absoluta dignidad ante la cínica indiferencia de la dirección y del equipo de gobierno municipal para denunciar lo que constituye una auténtica y cobarde caza de brujas.

Las pancartas desplegadas frente al consistorio exigen a gritos "¡Libertad sindical ya!", el cese de la "impunidad absoluta a jefes y mandos" y el fin del uso vergonzoso de un "código ético adulterado" que, según denuncian los afectados, la empresa manipula selectivamente para castigar con saña a los trabajadores críticos mientras encubre las tropelías de los afines al poder.

Declaraciones en exclusiva para nuestro medio de comunicación de José Luis García Monteagudo

Estoy aquí en una protesta pacífica durante 12 días en el ayuntamiento de Palma de Mallorca, Plaza de Cort, reivindicando  los siguientes puntos, favoritismos de familiares, conyuges y afinidad de primer grado y segundo grado de sanguinidad en puestos como listeros/as, impunidad de mandos intermedios y jefes de sector, por  faltas muy graves como insultos y intento de agresión a delegados sindicales en asambleas, un código ético adulterado a conveniencia para sancionarme injustamente, cargas de trabajo con una persona sola sin formación atrás y tener que bajar el conductor abandonando el vehículo, poniendo en riesgo a todos y al ciudadano, asambleas libres ya que la empresa me sanciona por 20 días por hablar alto y claro, manipulación y acoso laboral, recogida de firmas en mi contra con un jefe al lado de limpieza tarde, una trabajadora causándome de machista y la empresa Emaya comprando esa historia para sancionarme y callarme.

Un expediente "a la carta" por destapar los abusos laborales

El origen de la infame sanción de 20 días de empleo y sueldo impuesta a García Monteagudo se remonta a las asambleas de trabajadores celebradas en julio de 2026. En el estricto ejercicio de su labor de representación y defensa de la plantilla, el sindicalista procedió a la lectura de un informe demoledor que sacaba a la luz problemas críticos de gestión y condiciones de trabajo indignas:

  • Riesgo criminal para la salud e integridad física: La imposición de cargas de trabajo salvajes en el servicio de carga trasera, obligando a un único operario con escasa formación a operar bajo sofocantes olas de calor de 40 °C, forzando al conductor del camión a abandonar el vehículo para auxiliar y poniendo en un riesgo inadmisible tanto a la plantilla como a los viandantes.
  • Nepotismo asqueroso y favoritismos: La asignación "a dedo" de puestos de trabajo livianos y codiciados (como el de listeros) en beneficio exclusivo de cónyuges, familiares de primer y segundo grado de consanguinidad y amiguetes de la jefatura, un escándalo denunciado por escrito a la Dirección de Personal que fue olímpicamente ignorado.
  • Boicot, amenazas e intimidación de mandos: Durante las asambleas, el representante social tuvo que soportar vejaciones intolerables, interrupciones, insultos tabernarios, amenazas gravísimas e intentos de agresión física por parte de jefes de sector y mandos intermedios.

En lugar de investigar los intentos de agresión y la violencia verbal ejercida por los mandos, la Dirección de EMAYA archivó con desprecio las denuncias presentadas en el canal ético contra los agresores. Acto seguido, la empresa urdió un expediente disciplinario fraudulento e instruido al revés en el que primero se castigó y luego se investigó chapuceramente fabricando acusaciones falsas y descontextualizadas para arruinar la reputación del trabajador y decapitar la disidencia.

La complicidad del Ayuntamiento de Palma y un historial de condenas

El Ayuntamiento de Palma no puede seguir mirando hacia otro lado ni hacerse el sueco ante este gravísimo conflicto laboral. La cobarde pasividad de la administración municipal equivale a una complicidad criminal y directa con la represión sindical. Este caso repugnante no es un hecho aislado, sino la confirmación palmaria de una deriva autoritaria en la gestión de lo público que ya acumula una hoja de servicios trufada de derrotas judiciales:

  • Vulneración flagrante de la libertad sindical: La Justicia ha tenido que condenar a EMAYA por violar derechos fundamentales al espiar de forma ilegal chats privados de WhatsApp de representantes sindicales.
  • Sentencias firmes por represión: Los tribunales han confirmado condenas durísimas contra EMAYA por represaliar mezquinamente a trabajadoras, despojándolas de sus funciones de manera arbitraria y carente de toda justificación objetiva.

"Si nos tocan a uno, nos tocan a todos"

Frente al muro de silencio institucional y la atmósfera de inquisición interna que impera en los despachos de EMAYA y en los pasillos del Ayuntamiento de Palma, la plantilla y los representantes obreros han dejado claro que no darán ni un paso atrás frente al matonismo institucional. Las asambleas de trabajadores tienen que ser un espacio libre, limpio y blindado contra el miedo, constituyendo un derecho fundamental de la plantilla y jamás el cortijo privado del patrón.

La ciudadanía palmesana tiene el legítimo derecho a conocer cómo se gestiona realmente la empresa pública de limpieza: regando de privilegios a los lamebotas, encubriendo el amiguismo más corrupto y persiguiendo con saña criminal a quienes alzan la voz por la seguridad laboral y la decencia. La protesta firme frente a las puertas de Cort es un aviso de que la prepotencia y los abusos de poder no van a quedar impunes en el silencio.

Persecución del Ayuntamiento de Palma con la Policía Local

Según nos informa José Luis García Monteagudo, ya han enviado varias veces la Policía Local de Palma, para que desaloje la Plaza de Cort, quien los estará enviando, el alcalde Jaime Martínez o Xavi Bonet, tanto miedo tienen que destapen sus miserias políticas, que van contra un ciudadano de Palma, trabajador de Emaya, y que tiene todos los premisos en regla por Delegación de Gobierno, porque no se va y desalojan los acampados en la Plaza de España, que eso da una muy mala imagen.

La degradación ética de unos gestores públicos anclados en el totalitarismo

Resulta intolerable que quienes cobran suculentos sueldos públicos gracias al esfuerzo de los contribuyentes utilicen el aparato de una empresa municipal como si fuera su cortijo particular, aplicando la ley del silencio a base de expedientes falsos y persecuciones infames. La gestión de EMAYA bajo este mandato municipal se ha convertido en un estercolero democrático donde se premia la pleitesía y se pisotean con total impunidad los derechos más elementales de la clase trabajadora, retratando la catadura moral de unos dirigentes incapaces de tolerar la crítica constructiva.

Por todo ello, la exigencia de dimisiones y responsabilidades políticas en el Ayuntamiento de Palma ya no es una opción, sino una imperiosa necesidad democrática para limpiar las instituciones de esta casta de inquisidores. Los ciudadanos y los trabajadores de Palma no van a tolerar que se institucionalice el terror laboral ni que se persiga al honesto para proteger al cacique, recordando que la justicia y la dignidad obrera terminarán barriendo toda esta podredumbre institucional.

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