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Foto de izquierda a derecha: Lorenzo Morey, Nuria Gallego, Sindicalistas afines a la empresa Emaya, con uno de los que perpetro el golpe de estado en el Sindicato USTE. |
La empresa pública Emaya, con la complicidad del Ayuntamiento de Palma, en la actualidad gobernada por el Partido Popular, se ha convertido en el escenario de una auténtica caza de brujas contra quienes osan desafiar las decisiones de su dirección. Los despidos de dos miembros del Comité de Empresa, pertenecientes a la Unión Sindical de Trabajadores de Emaya Calidad Urbana (USTE), no solo son un ejemplo de prácticas antisindicales, sino también de una estrategia premeditada de reprimenda y silenciamiento.
La dirección de Emaya, encabezada por Lorenzo Morey, ha dejado claro que en su organización solo hay lugar para la sumisión: los críticos son perseguidos y despedidos, mientras que quienes se alinean con su política reciben ascensos y privilegios. Entendiendo que el Sr. Morey no esta cualificado para desempeñar su cargo a la vista de todo esto, y por supuesto el adjunto a presidencia David Suñer que es del Sindicato Sitemaya que ha perseguido a los sindicalistas de USTE. Varias sentencias avalan esta afirmación. Se debería hacer una auditoria para evaluar sus estudios y formación, para su capacitación, porque eso de poner a dedo lo tiene bien aprendido el PP de Palma.
La lista de atropellos no termina ahí. Otro empleado, sin vinculación sindical, ha sido víctima de represalias encubiertas: se le modificaron sus funciones, su salario y su horario tras una serie de discrepancias con la gestión de auditorías internas y la solicitud de imágenes de videovigilancia en las que aparecía junto a la directora de Servicios Corporativos, Nuria Gallego. El tribunal que analizó el caso lo dejó claro: se trató de un castigo encubierto, vulnerando sus derechos. La Justicia obligó a Emaya a indemnizarlo con 15.000 euros y a recolocarlo en su antiguo puesto. Pero la dirección de la empresa pública parece tener una política muy clara: deshacerse de quien no se pliegue a sus mandatos.
Un despotismo sostenido por el Ayuntamiento
Lo que más indigna a la plantilla de Emaya es la impunidad con la que se maneja su dirección, gracias a la complicidad del Ayuntamiento de Palma. Mientras la Justicia ha anulado un despido y declarado improcedente otro, Emaya ha vuelto a despedir a los trabajadores afectados, en un intento descarado de burlar las resoluciones judiciales y seguir adelante con su estrategia de acoso y derribo contra USTE. Lo más grave es que este comportamiento temerario y antisindical será financiado por los ciudadanos de Palma, ya que los recursos legales de la empresa pública salen del erario.
La dirección de Emaya no escatima en métodos para perseguir a sus críticos. En un acto de dudosa legalidad, accedió a los mensajes de un grupo de WhatsApp de miembros de USTE, después de exigirle a una afiliada su móvil y su código PIN. La orden, emitida por Nuria Gallego, supuso el volcado de seis años de conversaciones privadas, utilizadas posteriormente como herramienta de represalia contra los sindicalistas. Como si de un espionaje corporativo se tratara, una abogada de la empresa pasó el mes de agosto revisando minuciosamente estos mensajes, informando directamente a la directora de Servicios Corporativos.
Encerronas, coacciones y amenazas: una práctica sistemática
El acoso de la dirección de Emaya a USTE no se ha limitado a despidos ilegales y espionaje de conversaciones privadas. En noviembre del pasado año, el sindicato denunció ante la Inspección de Trabajo un episodio alarmante: un representante sindical habría sido encerrado en un despacho de la dirección de la empresa y presionado para orquestar un golpe interno en USTE. A cambio, se le prometió apoyo laboral y económico. Esta denuncia, sumamente grave, revela el nivel de corrupción y abuso de poder en la cúpula de Emaya.
Pero aún hay más. Otra denuncia en Inspección de Trabajo detalla la transcripción de una conversación entre Nuria Gallego y representantes sindicales de USTE, que comprometería aún más a la dirección de Emaya y pondría en evidencia su estrategia de acoso sistemático a la disidencia interna.
El Ayuntamiento de Palma, cómplice del atropello
Frente a estas vulneraciones de derechos evidentes, el Ayuntamiento de Palma no solo ha mirado hacia otro lado, sino que ha respaldado activamente la cacería de sindicalistas. El teniente de alcalde de Medio Ambiente y presidente de Emaya, Llorenç Bauzá, defendió en el pleno municipal la decisión de la empresa pública de no readmitir a los despedidos, a pesar de las sentencias judiciales que constatan la ilegalidad de su despido. Bauzá alegó que los sindicalistas protagonizaron "hechos graves", en un intento desesperado de justificar la política represiva de la dirección de Emaya.
El único partido que se pronunció en contra de estas tropelías fue Vox, que presentó una moción para la readmisión de los trabajadores despedidos. Sin embargo, el resto de grupos municipales optaron por el silencio cómplice, ignorando las reiteradas violaciones de derechos laborales en la empresa pública. Esta indiferencia política ha dejado a la plantilla de Emaya desprotegida y a merced de una dirección despótica y vengativa.
La justicia y la inspección de trabajo
El aluvión de denuncias y procesos judiciales abiertos contra Emaya podría terminar por desmoronar los planes de la dirección. La Inspección de Trabajo sigue recopilando pruebas, y los tribunales han dado la razón a los trabajadores en más de una ocasión. Sin embargo, la estrategia de la empresa sigue siendo clara: recurrir, despedir de nuevo y desafiar la legalidad hasta sus últimas consecuencias.
Pero esta guerra emprendida por Emaya y respaldada por el Ayuntamiento de Palma no quedará impune. La opinión pública, los tribunales y la Inspección de Trabajo tienen la responsabilidad de poner freno a estos abusos. Porque lo que está en juego no es solo el futuro de unos trabajadores perseguidos, sino la dignidad y los derechos de toda la plantilla de Emaya.
La pregunta que queda en el aire es: ¿hasta cuándo seguirá el Ayuntamiento de Palma permitiendo estos atropellos? ¿Hasta cuándo los ciudadanos seguirán financiando, con sus impuestos, una guerra sucia contra quienes solo exigen justicia y respeto a sus derechos laborales?
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