EMAYA en el foco judicial: espionaje sindical, despidos y la gestión que violó derechos fundamentales

La empresa municipal EMAYA ha sido protagonista de uno de los mayores escándalos laborales y sindicales de los últimos años en Palma, una vergonzosa herencia de la pasada legislatura, marcada por la coalición de la izquierda-independentista catalanista y la ultraizquierda. Hoy, las consecuencias de su gestión autoritaria y opaca continúan contaminando la vida institucional de Palma, ante la pasividad preocupante del actual gobierno del PP.

En el epicentro del escándalo se encuentran Nuria Gallego, directora de Servicios Corporativos; Carles Juanes, jefe de Recursos Humanos; y Xisca Ballester, responsable de Servicios Jurídicos. A ellos se les señala directamente por haber participado en un acto gravísimo de espionaje sindical que vulnera derechos fundamentales de más de 200 trabajadores afiliados al sindicato USTE.

Según la demanda interpuesta y admitida a trámite por el Juzgado de lo Social número 2 de Palma, la dirección de EMAYA obligó a una trabajadora a entregar su teléfono móvil y código PIN para acceder a tres grupos de WhatsApp privados utilizados por USTE para coordinar su actividad sindical. Las conversaciones fueron revisadas, volcadas y protocolizadas ante notario, una práctica que constituye una violación flagrante de la privacidad y la libertad sindical, confirmada por la Inspección de Trabajo, que ya ha levantado un acta de infracción a la espera de sanción, que podría alcanzar hasta los 200.000 euros.

Pero este espionaje no fue un hecho aislado, sino parte de un plan de represión sindical perfectamente orquestado. Como resultado de esta campaña de acoso y hostigamiento, cuatro sindicalistas de USTE fueron despedidos, en lo que solo puede interpretarse como un intento deliberado de silenciar la disidencia dentro de la empresa pública. Uno de los despedidos fue nada menos que Francisco José Castillo, director general del Grupo Periódico de Baleares, lo que añade una dimensión de ataque a la libertad de prensa y expresión a este ya de por sí escandaloso episodio.

Estos despidos, ejecutados en plena escalada de persecución, confirman que el objetivo era desarticular el sindicalismo incómodo, intimidar a los trabajadores y crear un clima de terror interno. El mensaje era claro: quien critique o cuestione la dirección, será eliminado.

La Inspección de Trabajo ya ha señalado que la dirección de EMAYA atentó contra la dignidad, intimidad y derechos fundamentales de los empleados, y el sindicato USTE ha solicitado una indemnización de 727.909 euros por los daños causados. Además, la gravedad de los hechos abre la puerta a consecuencias penales, como ya ha ocurrido en casos similares en otras partes de España, donde se han dictado penas de prisión por acceso indebido a chats laborales.

Pese a todo esto, el actual gobierno del Partido Popular, con el control del Ayuntamiento de Palma, no ha marcado una ruptura clara ni firme con la etapa anterior. Aunque se han incoado expedientes disciplinarios, el silencio institucional y la falta de medidas ejemplares transmiten una tolerancia implícita que mina la credibilidad de cualquier compromiso con la transparencia y la legalidad.

No es suficiente con sustituir nombres en los organigramas. Es necesario un corte limpio con el pasado, una auditoría profunda y la depuración completa de responsabilidades. Los ciudadanos no pueden tolerar que una empresa pública, sostenida con dinero de todos, se utilice como un instrumento de vigilancia, represión e intimidación ideológica.

El caso EMAYA es un símbolo de hasta dónde puede llegar el poder político cuando actúa sin frenos, sin ética y sin control democrático. Los responsables deben rendir cuentas. Y tanto los que perpetraron como los que ahora miran hacia otro lado deben ser señalados por su responsabilidad directa o por su cobardía política.

La libertad sindical, la privacidad de los trabajadores y la transparencia institucional no son negociables. Y quien atente contra ellas, debe enfrentarse a todas las consecuencias legales, políticas y sociales que corresponden.