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| Foto de archivo, de sindicalistas afines a la dirección de Emaya, que apoyaron el despido y fueron al Ayuntamiento de Palma, para ir en contra de sindicalistas del Sindicato USTE, para mantener algunos, sus nominas elevadas. |
¿Estamos ante uno de los mayores escándalos institucionales silenciados en Mallorca? ¿Debería intervenir la UCO y abrirse una investigación a fondo por presunta prevaricación, cohecho y otras irregularidades en Emaya y el Ayuntamiento de Palma? ¿Cuántos políticos, sindicalistas y altos cargos podrían verse salpicados si realmente se levantaran las alfombras?
Las preguntas son cada vez más incómodas y la ciudadanía exige respuestas. La situación en la empresa municipal Emaya se ha vuelto insostenible y empieza a tomar el cariz de una trama institucionalizada de clientelismo, abuso de poder y blindaje sindical-político. Los hechos, documentados y denunciados por varios sectores, son lo suficientemente graves como para exigir una auditoría independiente e incluso la intervención de las autoridades judiciales y cuerpos especializados como la UCO.
Complementos fantasmas, sueldos inflados y favores sindicales
Mientras se suprimían complementos a muchos trabajadores durante los procesos de estabilización motivados por la Ley 20/2021, algunos miembros de los comités de empresa —en especial de UGT y Sitemaya— han conservado privilegios salariales descomunales. ¿Cómo es posible que sindicalistas ganen más que los concejales del equipo de gobierno con dedicación exclusiva? ¿Por qué siguen cobrando complementos de “staff” creados hace más de 20 años, eliminados para el resto?
Es más: no tienen personal a su cargo, carecen de la titulación requerida para la categoría que ostentan y no desempeñan las funciones asignadas a dicha categoría. Entonces, ¿por qué se mantienen en esos puestos? ¿Qué pactos inconfesables los protegen?
Un dirigente sindical con categoría de jefe de departamento cobra 4.300 euros netos al mes, otro, como encargado de sección, alcanza los 3.000 euros, y un tercero, con categoría de capataz pero sin realizar esas funciones, se embolsa 3.600 euros mensuales, más del doble de lo que correspondería. Y aún hay más: un delegado sindical realiza funciones administrativas y, sin embargo, percibe 2.900 euros, unos 1.200 euros más de lo que le tocaría.
¿Premio por lealtad política? ¿Y persecución al que disiente?
Durante la presidencia del socialista Ramón Perpinyà, los procesos de estabilización beneficiaron descaradamente a representantes sindicales afines a la exdirectora de Servicios Corporativos, Nuria Gallego, hoy despedida tras un procedimiento disciplinario por espiar grupos de WhatsApp de representantes del sindicato USTE, el más representativo de la empresa.
La Inspección de Trabajo multó a Emaya por vulnerar derechos fundamentales. Aun así, Gallego fue defendida abiertamente por UGT y Sitemaya y otros sindicatos, lo que muchos interpretan como un pago a los favores prestados. Otros sindicalistas que se enfrentaron a esta maquinaria fueron despedidos y jamás readmitidos, incluso habiendo ganado en los tribunales.
¿Se está premiando a quien apoya a la dirección y castigando a quien la denuncia? ¿Quién da las órdenes? ¿Hasta dónde llega el entramado?
Nombramientos a dedo y titulaciones que no existen
El caso de David Suñer, actual Jefe de Gabinete del presidente de Emaya, es otro ejemplo escandaloso. Sin proceso de selección previo, vinculado al Partido Popular, Suñer ha ido ocupando cargos relevantes sin reunir las condiciones exigidas ni titulación universitaria, percibiendo sueldos muy superiores a lo establecido gracias a complementos “especiales”.
Lo mismo ocurre con Vicente Vilches, secretario general del sindicato SITEIB, colocado en un puesto bien remunerado sin justificación aparente. En la actualidad debería estar jubilado, por fuentes que nos ha llegado a redacción, que no realiza ningún trabajo, si bien se le ve mucho en la Cantina de Emaya.
Curiosamente, estos dos personajes, colaboraron en acciones legales contra sindicalistas incómodos, debilitando a USTE, y ambos solo tienen el certificado de escolaridad. ¿Cómo es esto posible en una administración pública que presume de transparencia y mérito? Si fuera ético el actual gobierno del PP en el Ayuntamiento debería abrir una investigación, expedientarlos y despedirlos, devolviendo todo el dinero que no debían ganar por no estar cualificados.
¿Y el Ayuntamiento? ¿Y los partidos? ¿Y la Fiscalía?
Aquí nadie se libra. La responsabilidad no es de un solo color político, porque esta situación lleva más de dos décadas cocinándose. Han gobernado Socialistas, Populares, Unió Mallorquina, Més, Podemos. Todos han mirado para otro lado o han participado de una forma u otra. ¿Dónde están las auditorías? ¿Dónde están los órganos de control? ¿Dónde está el alcalde actual? ¿Dónde está la Fiscalía Anticorrupción?
Los indicios de prevaricación, cohecho, enchufismo, tráfico de influencias y vulneración de derechos laborales están sobre la mesa. Si no se actúa ahora, ¿cuándo? Y si nadie lo investiga, ¿quién lo hará?
Una vergüenza que a día de hoy estemos hablando de todo esto y no se hayan depurado responsabilidades, el PP que gobierna en la actualidad no puede echar siempre la culpa al anterior gobierno municipal, los socialistas-indepentistascatalanistasMés y los comunistaschavistas de Podemos, tiene que tomar acción y poner orden, aunque por los burladores de Mallorca, se sabe que no tiene gente cualificada en los puestos importantes y relevantes, quedan dos años, o remodela su equipo, o esto huele muy mal.
La pregunta es clara y directa: ¿Debe intervenir ya la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) para investigar a fondo lo que ocurre en Emaya y el Ayuntamiento de Palma? Porque si no lo hace nadie, será la ciudadanía quien empiece a señalar nombres y exigir responsabilidades. Llega un momento que todo tiene un limite.
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