✍Francisco José Castillo Navarro, Director General del Grupo Periódico de Baleares, Presidente Fundador de AMC/
La Vuelta a España 2025 se vio sacudida en sus últimas etapas por una serie de protestas propalestinas que terminaron en incidentes graves. Las manifestaciones, con miles de personas congregadas en distintos puntos del recorrido, interrumpieron la competición y generaron situaciones de tensión tanto con la Guardia Civil como con la Policía Nacional. El episodio más grave se vivió en el Paseo del Prado de Madrid, donde la última etapa quedó paralizada tras el lanzamiento de vallas que obligó a detener la carrera y los festejos posteriores.
Entre las imágenes más comentadas aparece la presencia de dirigentes de Podemos, como Ione Belarra e Irene Montero, situadas en primera fila de las protestas. Ambas políticas increparon a las fuerzas de seguridad y alentaron la movilización. Montero, de hecho, llegó a pedir a la Guardia Civil en la etapa de la Bola del Mundo que detuvieran la competición, sin éxito. Posteriormente celebró en redes sociales la interrupción parcial de la etapa en Cercedilla, escribiendo:
«Hoy la solidaridad ha parado la Vuelta en su paso por Cercedilla. No hay represión que pare la solidaridad. Pedimos al Gobierno que deje de reprimir la lucha contra el genocidio de la mano de Ayuso y Almeida. ¡Viva Palestina libre!»
El domingo, la exministra volvió a situarse en las inmediaciones de Atocha, en medio de miles de manifestantes, en una protesta que acabó forzando la paralización de la última jornada.
A ello se suma que el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, junto con su ejecutivo y la izquierda radical, mostraron simpatía hacia la interrupción de la carrera, legitimando de manera implícita estas acciones. Este apoyo institucional ha sido interpretado como una señal de connivencia con quienes han puesto en riesgo la seguridad de ciclistas, organizadores y público.
Recordando que autobuses vinieron del País Vasco a Madrid con los de la kale borroka, aparte de simpatizantes de los terroristas de Hamas, para destrozar este evento deportivo, poniendo en riesgo a familias, que solo iban a ver la etapa final en paz.
Críticas al movimiento propalestino radical
Más allá de la legítima libertad de expresión y manifestación, estas protestas han suscitado fuertes críticas. Los disturbios pusieron en peligro la integridad física de ciclistas, espectadores y agentes de seguridad. El País recogió testimonios de corredores que aseguraban tener miedo a causa de los altercados.
El lanzamiento de objetos y el boicot a un evento deportivo internacional fue percibido como una acción desproporcionada que va más allá de la protesta pacífica. Críticos subrayan que muchos activistas propalestinos omiten o justifican la violencia de Hamas. Según Human Rights Watch, el grupo cometió crímenes de guerra y de lesa humanidad el 7 de octubre de 2023, incluyendo asesinatos de civiles y toma de rehenes.
Además, Amnistía Internacional ha denunciado que facciones palestinas han disparado cohetes desde zonas civiles, poniendo en riesgo a su propia población, lo que constituye uso de escudos humanos. Este tipo de acciones refuerzan la percepción de que parte del activismo propalestino legitima conductas que violan los derechos humanos más elementales.
Estas movilizaciones radicalizadas también contribuyen a dividir a la sociedad española, generando enfrentamientos políticos que desvían el foco del necesario debate democrático.
Habría que parar este sin sentido que esta sufriendo el pueblo de Gaza, pero buscando otros interlocutores que no sean los terroristas de Hamas, una solución pacifica por ambas partes.
España en el ámbito internacional
Las consecuencias de estos hechos han trascendido las fronteras. A nivel internacional, la imagen de España ha quedado muy tocada. La incapacidad de garantizar la seguridad en un evento deportivo de talla mundial ha proyectado la idea de que el país no está en condiciones de organizar con garantías grandes acontecimientos. Esta percepción se agrava por el hecho de que el Gobierno se ha alineado con posturas que legitiman indirectamente a grupos terroristas como Hamas, alejándose de la línea marcada por organismos como la ONU y comprometiendo la credibilidad diplomática española.
La Unión Europea desautoriza lo que el Gobierno de España, esta realizando estos meses en la política nacional, fragmentando la sociedad y radicalizando los extremos, originando odios.
En foros internacionales, este episodio se interpreta como un grave retroceso en la confianza hacia España como socio estable y garante del orden y la seguridad.
Las protestas propalestinas en la Vuelta a España 2025, con el protagonismo de líderes de Podemos y el apoyo explícito del Gobierno de Pedro Sánchez y la izquierda radical, muestran cómo el activismo puede transformarse en un elemento de radicalización y tensión social. La solidaridad con la población civil de Gaza es legítima, pero cuando se convierte en apoyo incondicional a movimientos como Hamas —acusados de terrorismo y de utilizar a su propia gente como escudo—, el mensaje pierde legitimidad y puede derivar en consecuencias negativas: violencia, boicot a la convivencia democrática, descrédito internacional y daño a eventos deportivos internacionales.
Los sindicatos mayoritarios de la Policía Nacional, han dicho que el delegado de gobierno de Madrid, los abandono a su suerte, con una mala planificación, ya que quería que la manifestación triunfara.
La línea entre la protesta pacífica y la acción radicalizada no debería difuminarse: lo primero en riesgo no es la política, sino la seguridad, la confianza de la ciudadanía y la reputación internacional de España.
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