✍️ PALDIBA/ El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha impuesto a Airbnb una multa histórica de más de 64 millones de euros, convirtiéndose en la segunda sanción más elevada jamás impuesta por este departamento. Solo queda por detrás de los 108 millones de euros con los que se sancionó a Ryanair por el recargo ilegal del equipaje de mano.
La sanción ya es firme, tras resolverse el recurso de alzada presentado por la compañía, y se debe a la comisión de hasta cuatro infracciones del Real Decreto Legislativo 1/2007, que regula la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios. De estas infracciones, tres han sido calificadas como leves y una como grave, todas ellas detectadas en un total de 65.122 anuncios publicados en la plataforma.
La infracción considerada grave responde a la realización de prácticas comerciales desleales contra los consumidores. Según el comunicado difundido por el departamento dirigido por Pablo Bustinduy, Airbnb publicitaba alojamientos turísticos sin licencia, incumpliendo así las normativas autonómicas, que obligan a indicar el número de registro en la publicidad.
Además, la plataforma permitió la publicación de anuncios con números de licencia que no se correspondían con los registros oficiales, así como otros que carecían de información veraz sobre la naturaleza jurídica de los anfitriones, lo que constituye publicidad engañosa.
El importe total de la multa asciende a 64.055.311 euros, una cifra equivalente a seis veces el beneficio ilícito que el Ministerio estima que obtuvo Airbnb durante el período en que los anuncios ilegales permanecieron activos. Estos contenidos fueron retirados tras una orden respaldada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid.
Las tres infracciones leves se derivan del incumplimiento de las obligaciones de los contratos celebrados a distancia y de la negativa a facilitar información a la Administración durante la instrucción del expediente sancionador. Por estos hechos, la empresa fue sancionada con 10.000 euros por cada infracción.
La última infracción leve ha sido castigada con 55.000 euros, al incumplir órdenes y medidas provisionales dictadas para evitar riesgos o perjuicios a los consumidores durante la tramitación del procedimiento.
Finalmente, la resolución incluye dos sanciones accesorias que obligan a Airbnb a eliminar los contenidos ilícitos y a hacer pública la multa impuesta, reforzando así el carácter ejemplarizante y disuasorio de la sanción.
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