✅ Sobre el control de los empadronamientos

✍ Fulgencio Coll Bucher, Militar retirado, Político/

A la izquierda progre le molesta que el Ayuntamiento de Palma trate de controlar el posible fraude del empadronamiento. El Padrón Municipal es el registro administrativo donde se inscriben los residentes del municipio. Su formación, mantenimiento, revisión y custodia corresponde a los respectivos Ayuntamientos, quienes deben informar al INE sobre las variaciones mensuales que se produzcan en los datos del Padrón. Es lícito y legal empadronar a personas en edificios públicos en España, pero exclusivamente cuando se trata de individuos que no tienen un domicilio fijo o viven en infraviviendas (personas sin hogar, trabajadores temporeros con alojamiento precario, etc.).

Del empadronamiento derivan derechos que tienen un elevado coste social y económico, como el derecho a la sanidad pública (tarjeta sanitaria), la escolarización de menores y ayudas sociales.

Muchos de estos empadronados desaparecen porque van a otros países o regiones, por lo que es normal que se revise si se ha hecho como medida fraudulenta o como necesidad, por lo que apoyamos esta obligación municipal para revisar periódicamente a los empadronados.

Reitero, los ayuntamientos deben actualizar sus padrones de modo que concuerden con la realidad. Esto implica comprobar las solicitudes de alta y realizar inspecciones periódicas. Cuando se detectan anomalías (ej. un número excesivo de personas en una vivienda, empadronamientos en locales no habitables o sospechas de fraude para obtener ayudas), la Policía Local puede y debería investigar el domicilio.

Si el ayuntamiento comprueba que una persona no reside donde está empadronada, puede iniciar un expediente de baja por inscripción indebida (baja de oficio). Para evitar fraudes, los municipios pueden exigir documentación que acredite la residencia real, como el título de propiedad, contrato de arrendamiento o, en su defecto, realizar comprobaciones policiales.

Empadronarse en un lugar donde no se reside es ilegal y puede dar lugar a multas administrativas (de 150 a 900 euros, o superiores en caso de tramas organizadas). Nos alegra saber que el Ayuntamiento de Palma hace su trabajo y evite así posibles fraudes en el empadronamiento.

Por lo que oímos y leemos, la izquierda progre está en contra de la ordenanza cívica, en contra del cumplimiento de ciertas ordenanzas y obligaciones ciudadanas, pero no les molesta un gobierno de España inmerso en la corrupción, o las muertes de 45 ciudadanos al descarrilar un tren por falta de mantenimiento, o en las movilizaciones 8M con el Covid-19, que expandieron la enfermedad mortal, o estar al lado de los terroristas de ETA que han causado más de 800 muertos y miles de heridos.

Señores de la izquierda progresista, mal llamada progresista, dejen al Ayuntamiento de Palma hacer bien su trabajo. Nosotros, los que madrugamos, trabajamos y nos cuesta llegar a fin de mes, exigimos y agradecemos la eficiencia municipal; en este caso controlando posibles fraudes en el empadronamiento, fraudes que nos cuestan mucho dinero, además del de las mordidas y meretrices de los amigos del Amo. Por cierto, este Amo no tan amado, Pedro Sánchez, ha sacado de nuevo el “No a la guerra” para tapar sus incumplimientos constitucionales o variados desatinos.