El Congreso tumba la prórroga de los alquileres y deja en un limbo a tres millones de personas

 Incertidumbre en el mercado inmobiliario

La decisión elimina el tope del 2% en las renovaciones y permite a los propietarios negociar nuevas rentas al alza desde este miércoles

exterior del edificio del congreso de los diputados tras la votación clave sobre los alquileres

El Pleno del Congreso ha vivido hoy una de sus jornadas más tensas tras la derogación del decreto ley que blindaba la prórroga automática de los contratos de arrendamiento. Con una ajustada mayoría de 177 votos en contra (PP, Vox y Junts) frente a 166 a favor, la medida impulsada por el Gobierno ha decaído oficialmente. Esto supone que, a partir de mañana miércoles, los inquilinos cuyos contratos venzan este año ya no podrán acogerse a la extensión extraordinaria de dos años ni al límite del 2% en la actualización de sus rentas.

La decisión parlamentaria tiene un impacto directo e inmediato en el mercado inmobiliario nacional. Según datos del Ministerio de Vivienda, más de un millón de contratos están en riesgo de sufrir subidas drásticas o de no ser renovados, afectando a cerca de 2,7 millones de inquilinos. El escenario es especialmente crítico en las denominadas zonas tensionadas de Madrid, Cataluña y Andalucía, donde la falta de oferta y la alta demanda han disparado los precios en el primer trimestre de 2026.

Durante el debate, la tensión se trasladó a las gradas del hemiciclo, de donde la presidenta Francina Armengol tuvo que desalojar a varios representantes de sindicatos de inquilinos que proferían gritos de protesta. El ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, ha calificado la jornada como un "golpe a la estabilidad de las familias", advirtiendo que la derogación deja a los ciudadanos a merced del "sálvese quien pueda". Por su parte, la oposición ha defendido su voto negativo argumentando que el decreto generaba inseguridad jurídica y reducía la oferta de inmuebles disponibles.

A partir de mañana, los propietarios recuperan la facultad de negociar libremente las nuevas condiciones al finalizar los contratos, lo que expertos del sector auguran como una oleada de renegociaciones al alza. Mientras tanto, el Gobierno ya busca vías alternativas para intentar recuperar parte de estas protecciones mediante nuevos decretos, aunque el bloqueo legislativo actual complica cualquier avance a corto plazo en materia de vivienda.