La Cámara balear pide levantar la suspensión y reivindica su potestad legislativa
El Parlament balear ha pedido al Tribunal Constitucional que levante la suspensión de la derogación de la ley de memoria democrática, al considerar que mantener la medida cautelar causa un perjuicio al interés público autonómico y a la potestad legislativa de la Cámara.
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| El Parlament balear reclama al TC levantar la suspensión de la derogación de la ley |
 | Por: Redacción •Fuente oficiales: Parlamento balear |
El Parlament reclama al Constitucional que levante la suspensión
El Parlament ha presentado ante el Tribunal Constitucional un escrito de alegaciones en el que rechaza que deba mantenerse la suspensión de la Ley 1/2026, de derogación de la Ley de memoria y reconocimiento democráticos de las Illes Balears.
La derogación fue aprobada por la Cámara autonómica el pasado 24 de marzo, a propuesta de Vox y con el apoyo del PP. Posteriormente, el Gobierno central presentó un recurso de inconstitucionalidad contra la norma e invocó el artículo 161.2 de la Constitución.
El pleno del Tribunal Constitucional admitió a trámite el recurso el 7 de julio y acordó suspender la vigencia y aplicación de la ley. La suspensión tiene efectos desde el 9 de junio para las partes del proceso y desde su publicación en el BOE para terceros.
Ahora, el Parlament solicita que esa suspensión sea levantada mientras el TC resuelve el fondo del recurso.
La Cámara considera excepcional mantener una suspensión cautelar
En su escrito, firmado por el letrado oficial mayor de la Cámara, el Parlament sostiene que las suspensiones cautelares de leyes aprobadas por los parlamentos deben tener un carácter excepcional.
La institución defiende que las normas aprobadas por una cámara legislativa cuentan con una presunción de legitimidad y considera que mantener suspendida la derogación supone un perjuicio directo para la autonomía y la capacidad legislativa de Baleares.
Según argumenta el Parlament, la medida cautelar obliga a mantener provisionalmente en vigor una norma que la Cámara autonómica decidió sustituir mediante el ejercicio de su potestad legislativa.
La institución considera que esta situación genera un “perjuicio actual y efectivo” al interés público autonómico y a la eficacia de la potestad legislativa, al impedir que despliegue sus efectos una decisión adoptada por el Parlament.
El Parlament niega que existan daños irreparables
La Cámara sostiene además que no se han acreditado daños irreparables o de difícil reparación que justifiquen mantener la suspensión.
En sus alegaciones, argumenta que la Abogacía del Estado se habría limitado a solicitar la suspensión automática sin demostrar perjuicios concretos que hagan imprescindible prolongar la medida cautelar.
El Parlament señala asimismo que no existe una coincidencia suficiente con normas que ya hayan sido declaradas inconstitucionales, ni se ha demostrado un bloqueo de una competencia estatal que justifique mantener la suspensión.
Defiende que las exhumaciones continúan protegidas
Uno de los principales argumentos de la Cámara balear es que la derogación no supone dejar sin protección a las víctimas de la Guerra Civil y el franquismo.
El Parlament asegura que no se ha acreditado una paralización de la protección de las víctimas ni que la derogación haya dejado la memoria democrática “huérfana de regulación”.
En concreto, destaca que la propia disposición transitoria de la norma de derogación excluye expresamente de cualquier decaimiento los procesos de exhumación.
De este modo, la Cámara sostiene que continúan garantizadas actuaciones como la localización e identificación de víctimas y la protección de fosas, por lo que considera que no existe una desprotección de los familiares en esta materia.
También reivindica la vigencia de otras normas
El Parlament añade que levantar la suspensión no supondría invalidar las competencias existentes en materia de memoria democrática.
Según la institución, seguirían vigentes tanto la legislación estatal como la ley autonómica de fosas, por lo que considera que no puede afirmarse que la derogación vaya a provocar una paralización irreversible de las exhumaciones o de la protección de las fosas.
La Cámara defiende así ante el TC que el Gobierno debería acreditar un daño real y actual para justificar el mantenimiento de la suspensión.
El Constitucional debe resolver ahora sobre el fondo del recurso
El conflicto enfrenta al Gobierno central y al Parlament balear por la constitucionalidad de la derogación de la ley autonómica de memoria democrática.
El Tribunal Constitucional señaló al admitir el recurso que el Ejecutivo central considera que la norma podría afectar al estatuto jurídico de las víctimas de graves violaciones de derechos humanos, además de plantear cuestiones relacionadas con el reparto de competencias entre el Estado y la Comunidad Autónoma.
Mientras el TC resuelve el fondo del recurso, el Parlament reclama que se levante la suspensión cautelar y que pueda desplegar efectos la derogación aprobada el pasado mes de marzo..
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