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La UE valida la ampliación del presupuesto de ayuda al sector agrícola en España
Bruselas da luz verde a la ampliación de fondos españoles para la producción agrícola, conforme al marco temporal de ayuda tras la crisis internacional.
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| Labores agrícolas en el campo español en el marco de las nuevas ayudas europeas al carburante |
La Comisión Europea ha aprobado un aumento presupuestario de 52 millones de euros para un régimen español de ayudas estatales a las empresas agrícolas que se enfrentan al aumento de los precios del combustible debido a la crisis de Oriente Próximo. La modificación se aprobó en virtud del Marco temporal de ayuda en respuesta a la crisis en Oriente Próximo (METSAF), adoptado por la Comisión el 29 de abril de 2026.
La Comisión aprobó el régimen original el 2 de junio de 2026. El 14 de julio de 2026, la Comisión aprobó un aumento presupuestario de 55 millones de euros. España notificó un nuevo aumento presupuestario de 52 millones de euros, con lo que el presupuesto total ascendió a 161 millones de euros. El régimen cubre las ayudas a los agricultores vinculadas al aumento de los precios del gasóleo hasta el 31 de diciembre de 2026.
La Comisión ha evaluado la modificación con arreglo a las normas sobre ayudas estatales de la UE, en particular el artículo 107, apartado 3, letra c), del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, que permite a los Estados miembros apoyar el desarrollo de determinadas actividades económicas en determinadas condiciones, así como las secciones 1 y 2.1 del METSAF. La Comisión ha constatado que el régimen modificado sigue ajustándose a las condiciones establecidas en el METSAF.
En concreto, la ayuda se concederá sobre la base de un régimen con un presupuesto estimado claro y se destinará a apoyar temporalmente el desarrollo de las empresas dedicadas a la producción primaria de productos agrícolas. La Comisión ha llegado a la conclusión de que el régimen modificado es necesario, adecuado y proporcionado para facilitar el desarrollo de una actividad económica y no altera las condiciones de los intercambios en forma contraria al interés común. En consecuencia, la Comisión ha aprobado la modificación española con arreglo a las normas correspondientes de la UE.
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