✅ El hipotético «Plan Sánchez» para mantener el poder tras el 29-N

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Las claves del posible plan judicial para impugnar y repetir las elecciones del 29-N

Un posible recorrido legal tras el 29-N llevaría el resultado al Constitucional mientras el Gobierno mantiene el poder con medidas populares.

El recorrido judicial propuesto tras las elecciones podría postergar una resolución definitiva hasta principios de año

Por: COINPE • Fuentes oficiales

En diversos círculos políticos ha comenzado a cobrar fuerza una hipótesis sobre la estrategia que el Partido Socialista podría desplegar tras las elecciones del 29 de noviembre. Según estas fuentes, el plan se activaría en caso de una eventual derrota en las urnas, apoyándose en la ley de nietos y en la reciente decisión del Tribunal Supremo que ha paralizado temporalmente el voto de 163.000 personas residentes en el exterior.

El itinerario judicial: de la Junta Electoral al Constitucional

El procedimiento legal arrancaría formalmente tras el recuento electoral:

• Recurso inicial: Amparándose en la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG), el PSOE dispondría de un plazo de tres días para interponer un recurso contencioso ante la Junta Electoral.
• Decisión del Tribunal Supremo: A continuación, el Tribunal Supremo contaría con un margen de 37 días para dirimir la validez de la impugnación y evaluar si asiste la razón a la formación socialista.
• Escalada al Tribunal Constitucional: En caso de no obtener una resolución favorable en la vía ordinaria, el partido podría alegar una vulneración de los derechos fundamentales de los electores afectados y recurrir al Tribunal Constitucional.

Con la composición actual del Tribunal Constitucional  integrado por siete magistrados progresistas y cinco conservadores, el alto tribunal dispone de la mayoría necesaria para resolver el asunto. El órgano constitucional dispondría de 15 días adicionales para dictaminar de forma definitiva si las elecciones deben ser repetidas.

Un periodo de interinidad estratégica

El cómputo total de estos plazos legales dilataría una resolución definitiva hasta los meses de enero o febrero. Durante este periodo de incertidumbre, la gobernabilidad del país seguiría en manos del Ejecutivo en funciones:

• Dominio de la Diputación Permanente: El PSOE mantendría el control del calendario legislativo y de la gestión ordinaria a través de la Diputación Permanente, donde ostenta mayoría.
• Uso de decretazos: La estrategia contemplaría la aprobación acelerada de medidas de gran calado social para movilizar apoyos, tales como el decreto de vivienda, nuevos paquetes de ayudas sociales, la subida del salario mínimo interprofesional y la actualización de las pensiones.

Agitación social y contexto internacional

El escenario hipotético no se limita al ámbito legal e institucional, sino que contempla también una notable polarización social. La narrativa gubernamental denunciaría públicamente que el resultado de los comicios ha sido alterado al privarse del derecho al voto a miles de ciudadanos en el extranjero.

Este clima de crispación en las calles guarda similitudes con la situación sociopolítica vivida en países del entorno europeo como Francia e Italia, donde el auge de movilizaciones promovidas por la extrema izquierda ha generado un creciente debate sobre la estabilidad social y la seguridad ciudadana.