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¿Qué pasará con la validez del censo y el futuro de los expedientes?
El Tribunal Supremo frena las cautelares solicitadas para evitar un colapso en la red consular a escasas semanas de las elecciones.
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| Un consulado de España en el extranjero, donde se tramitan las nacionalidades y los expedientes de la «Ley de Nietos» |
El panorama político y judicial español se encuentra en un punto de máxima tensión a raíz de las recientes decisiones del Tribunal Supremo en torno al censo electoral. En el centro de la polémica se sitúan las próximas elecciones generales del 29 de noviembre, un hito democrático que ha quedado marcado por la controversia sobre quiénes tienen derecho a ejercer el sufragio desde el extranjero.
La negativa del Supremo a ampliar el veto
En un auto dictado por la Sala de lo Contencioso-Administrativo, el Alto Tribunal ha rechazado suspender el voto a los 189.678 hijos de aquellos ciudadanos que obtuvieron la nacionalidad española a través de la conocida popularmente como «Ley de Nietos» (enmarcada en la Ley de Memoria Democrática).
La solicitud de bloqueo había sido impulsada por formaciones como Vox y la plataforma Iustitia Europa, las cuales argumentaban la necesidad de extender las restricciones cautelares ante el riesgo de supuestas irregularidades y alteraciones en el censo electoral. Sin embargo, el tribunal desestimó la pretensión basándose fundamentalmente en el breve lapso temporal que resta hasta la cita con las urnas y en las graves perturbaciones logísticas que causaría en la red consular. Modificar o depurar de nuevo los listados a escasas semanas de los comicios pondría en jaque la estabilidad de los comicios.
La disparidad de criterios: ¿una brecha en el censo?
A pesar de permitir que cerca de 190.000 hijos de nacionalizados participen en las elecciones, el escenario sigue siendo jurídicamente paradójico y desigual. El propio Tribunal Supremo mantiene suspendido cautelarmente el derecho al voto de los propios nacionalizados (unos 163.000 titulados directos por esta vía), al considerar que existen indicios de que un incremento excepcional en el CERA (Censo Electoral de Residentes Ausentes) podría comprometer la pureza y certeza del proceso.
Esta dualidad ha provocado un intenso choque institucional. Mientras que el Gobierno de Pedro Sánchez y la Abogacía del Estado han criticado las trabas impuestas a los nuevos españoles —defendiendo la legitimidad de sus derechos adquiridos—, sectores de la oposición celebran el filtro aplicado a los padres, aunque lamentan que la medida no se haya podido replicar a tiempo para los hijos por cuestiones puramente operativas y de plazos.
¿Qué pasará a partir de ahora? De cara al 29-N y el futuro judicial
De cara al 29 de noviembre, el impacto práctico de este auto es claro: los hijos de los nacionalizados por la ley memorialista sí podrán votar, lo que añade un volumen importante de electores en el exterior cuyas papeletas podrían resultar decisivas en circunscripciones clave. No obstante, el trasfondo del conflicto está lejos de cerrarse.
La sombra de la impugnación
Diversos actores jurídicos y políticos ya advierten de que, en función de los resultados electorales y de los equilibrios de bloques, la regularidad del censo podría ser utilizada para impugnar las elecciones ante los tribunales ordinarios o el Tribunal Constitucional.
El futuro de los expedientes
Superado el trámite urgente del 29-N, el Tribunal Supremo tendrá que entrar en el fondo del asunto sobre la legalidad de fondo de miles de inscripciones y la validez de los criterios aplicados por los consulados (especialmente en países como México o Argentina), determinando si se produjeron desviaciones en la aplicación de la norma.
El Alto Tribunal ha priorizado la seguridad jurídica del procedimiento a corto plazo para evitar un colapso organizativo inmediato, pero deja abierta una crisis institucional latente sobre la legitimidad de los censos en el exterior que seguirá coleando mucho después de que se cierren los colegios electorales.
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