¿Quién controla a los que dicen defendernos? Asociaciones de consumidores bajo sospecha por socios “fantasma” y subvenciones millonarias

 

✍ El Ciudadano Habla/ El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha anunciado que realizará una «auditoría pública» sobre la información aportada por las asociaciones de consumidores al solicitar las subvenciones destinadas a financiar sus estructuras y al desarrollo de programas específicos. La medida llega después de que FACUA-Consumidores en Acción reclamara al ministro Pablo Bustinduy una revisión exhaustiva del número de socios, consultas y reclamaciones declarados por estas organizaciones. ¿Se está controlando adecuadamente el destino del dinero público?

FACUA también pidió que se vigilaran posibles actividades ilegales, como la publicidad comercial de productos o servicios de empresas a cambio de comisiones, algo que la legislación prohíbe expresamente. A pesar de estas advertencias, el ministerio ha concedido este año las subvenciones en régimen de concurrencia competitiva sin verificar los datos que reclamaba la organización. El resultado ha sido un recorte del 29% en las ayudas a FACUA y un incremento de las partidas a otras asociaciones.

Entre las beneficiadas destaca la Asociación de Usuarios de la Comunicación (AUC), que declara más de 13.000 socios y haber tramitado 123.000 consultas durante 2024 con un solo trabajador contratado. ¿Cómo es posible atender casi 500 consultas diarias con una plantilla tan reducida? A pesar de la aparente desproporción, la entidad recibirá 293.754 euros en subvenciones públicas, una cifra seis veces superior a su gasto de personal del año pasado, que apenas superó los 49.000 euros.

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) también verá incrementadas sus ayudas en un 15%, a pesar de que sigue pendiente una investigación iniciada en 2023 por cobros de comisiones a empresas a cambio de campañas publicitarias. Esa práctica está prohibida por la legislación de defensa de los consumidores, pero el Ministerio de Consumo no ha ofrecido aún información sobre el estado del expediente. ¿Por qué sigue paralizada esta investigación?

Desde hace años, FACUA viene advirtiendo que el Registro Estatal de Asociaciones de Consumidores y Usuarios (Reacu) no verifica los datos que las organizaciones están obligadas a presentar: balances, cuentas de resultados y memorias de actividad. Según la asociación, esta falta de control permite que las entidades obtengan subvenciones sin comprobar si la información es real.

El problema va más allá del dinero. El número de socios declarado por las asociaciones es un factor determinante para formar parte del Consejo de Consumidores y Usuarios (CCU), un órgano que otorga voz y voto en decisiones gubernamentales y acceso a nuevas ayudas públicas. Para pertenecer al CCU, se exige tener al menos 10.000 socios, pero el Reacu se limita a aceptar una certificación firmada por los propios representantes legales, sin verificarla. ¿Podría estar inflándose el número de socios para acceder a fondos públicos y representación institucional?

FACUA ya había solicitado una auditoría en 2020 al entonces ministro Alberto Garzón, pero nunca se llevó a cabo. Ahora vuelve a insistir: pide que el Ministerio de Consumo verifique los datos de 2023, 2024 y 2025, exigiendo los listados completos de socios de cada entidad y revisando las cifras de consultas atendidas y reclamaciones tramitadas, factores que determinan la cuantía de las subvenciones.

El ministerio, por su parte, ha hecho público su compromiso de realizar la auditoría en el marco de la concesión de subvenciones de 2025, destinadas a promover la defensa y protección de los derechos de los consumidores. El importe total asciende a 3.047.529,91 euros, procedentes de los Presupuestos Generales del Estado, de los cuales 2.330.963,00 euros se destinan a programas de fomento asociativo y 716.566,91 euros a proyectos específicos de información y defensa.

Según el ministerio, la auditoría pública se enmarca dentro del proceso de control y justificación que exige la Ley General de Subvenciones, y estará dirigida por la Dirección General de Consumo. «Se trata de una medida complementaria a los controles habituales —explica Consumo— que busca garantizar la transparencia y verificar la ejecución efectiva de los proyectos subvencionados».

En este contexto, cabe preguntarse: ¿será esta auditoría suficiente para depurar posibles irregularidades? ¿O se quedará, una vez más, en un mero ejercicio formal sin consecuencias reales?

Lo cierto es que, mientras tanto, Asufin será la asociación que más fondos reciba en 2025, con 583.944 euros, seguida por la OCU (449.815 euros) y FACUA (435.497 euros). A continuación figuran CECU (432.605 euros), Adicae (431.357 euros), AUC (293.754 euros), Hispacoop (206.254 euros) y UNAE (214.304 euros).

Con millones de euros en juego y un proceso bajo sospecha, la pregunta es inevitable: ¿están los fondos públicos para la defensa de los consumidores en manos de entidades realmente transparentes?

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