EMAYA: Empresa pública capturada por el clientelismo, la impunidad y el abuso de poder

✍Francisco José Castillo Navarro, Director General del Grupo Periódico de Baleares, Presidente Fundador de AMC/ 

Lo que sucede en la empresa municipal EMAYA ya no puede describirse como una irregularidad administrativa ni como una cadena de errores aislados. Estamos ante un modelo de gestión políticamente degenerado, una estructura capturada por intereses internos, clientelismo sindical selectivo y una jerarquía que opera con lógica de impunidad. EMAYA se ha convertido en un símbolo de cómo lo público puede ser secuestrado desde dentro.

El archivo del procedimiento de despido disciplinario contra el sindicalista Félix Olivares, pese a la existencia de una propuesta de despido disciplinario sólida y motivada por el Instructor del expediente, constituye un acto político consciente, no una decisión técnica. Es la confirmación de que el poder interno protege a los suyos, incluso cuando existen hechos graves, acreditados y documentados.

El uso del crédito horario sindical para un viaje de placer a Bali (Indonesia) no es solo una conducta fraudulenta: es una afrenta directa a la clase trabajadora y a la ciudadanía que financia la empresa. Mientras miles de trabajadores sufren precariedad, cargas de trabajo crecientes y pérdida de derechos, una élite sindical afín al poder convierte la representación colectiva en beneficio personal, pagado con dinero público.

El expediente disciplinario fue claro al describir una ocultación deliberada, un entramado organizado de solicitudes y una transgresión de la buena fe contractual calificada como falta muy grave. Sin embargo, Recursos Humanos decidió desactivar el régimen disciplinario, enviando un mensaje inequívoco: la ley interna no rige para quienes sostienen el sistema.

Este entramado tiene un nombre propio: el Jefe de Personal, Carles Juanes Sitjar. Su actuación no responde a criterios de legalidad ni equidad, sino a una estrategia de control político del conflicto laboral. Bajo su dirección, el departamento de Recursos Humanos ha operado como un aparato de represión selectiva: protección y blindaje para los sindicalistas obedientes, persecución, acoso y despidos para los no alineados.

El uso reiterado del despido cautelar, aun con conocimiento de su previsible nulidad judicial, revela una voluntad de castigo y amedrentamiento, no de corrección disciplinaria. Se despide para disciplinar al conjunto, para infundir miedo, para desarticular la disidencia sindical. Este es un manual clásico de autoritarismo laboral, impropio de una empresa pública en un Estado democrático.

Bajo la dependencia de la exdirectora Nuria Gallego y con el Jefe de Personal, Carles Juanes Sitjar, se habrían producido hechos de extrema gravedad política y jurídica: la obtención de conversaciones privadas de WhatsApp de sindicalistas, para acabar con el Sindicato USTE, accediendo a ellas mediante recursos informáticos de la propia empresa, y su posterior instrumentalización ante notario, con coste sufragado por la ciudadanía. Si estos hechos se confirman, estaríamos ante conductas que podrían encajar en tipos penales, además de una vulneración frontal de derechos fundamentales.

Por todo ello, Carles Juanes Sitjar debería ser despedido de manera inmediata. No como gesto simbólico, sino como acto mínimo de higiene democrática. Su incompetencia en la gestión, unida a actuaciones presuntamente ilícitas, lo inhabilitan moral y políticamente para seguir dirigiendo el área más sensible de una empresa municipal. En una empresa pública no puede permitirse que Recursos Humanos funcione como una policía política interna.

EMAYA ha dejado de ser una empresa municipal para convertirse en un ecosistema clientelar, un despacho laboralista encubierto, especializado en blindar salarios, asegurar puestos y colocar personal a dedo, al margen de los principios de mérito, capacidad, igualdad y transparencia. Es el capitalismo de amiguetes aplicado a lo público, sostenido con dinero de todos.

No es casual que en numerosos artículos publicados en el Periódico de Baleares se haya reclamado una auditoría externa independiente. Pero esa auditoría no puede ser cosmética ni parcial. Debe ser integral, real y retroactiva, y examinar al menos los últimos 25 años de gestión para responder a preguntas que ya no pueden seguir ocultándose:

-¿Dónde ha ido el dinero público durante décadas?

-¿Quiénes han sido enchufados a dedo y por quién?

-¿Qué redes políticas, sindicales y directivas se han perpetuado?

-¿Quiénes han sido los beneficiarios del blindaje sistemático de salarios y puestos?

Sin esa auditoría, EMAYA seguirá siendo un agujero negro de responsabilidad, una estructura opaca donde nadie rinde cuentas y donde la ciudadanía solo paga.

La disyuntiva ya no es administrativa: es política y social.
O se rompe el sistema, se depuran responsabilidades, se revocan cargos, se abre una auditoría profunda y se devuelve EMAYA al control democrático, o se acepta que la empresa municipal es un instrumento al servicio de una minoría organizada, ajena al interés general.

En una empresa pública, la ejemplaridad no es negociable. Cuando se renuncia a ella, no se traiciona solo a la plantilla, se traiciona a toda la ciudadanía. Y esa traición, tarde o temprano, exige respuesta política, social y democrática.

FJCN