✍ El Ciudadano Habla/ El último Pleno del Ayuntamiento de Llucmajor ha desatado una profunda indignación ciudadana, tras los numerosos testimonios remitidos por vecinos a esta redacción denunciando lo que califican como una auténtica vergüenza institucional. Los hechos descritos dibujan una sesión marcada por la tensión, la falta de respeto y una preocupante degradación del debate democrático.
Desde el inicio de la sesión, la alcaldesa Xisca Lascolas y la teniente de alcalde Margarita Palmer habrían adoptado, según los asistentes, una actitud de ninguneo hacia los vecinos que solicitaron participación, así como de desconsideración hacia la oposición. Lo que debía ser un espacio de deliberación institucional terminó convertido, según los denunciantes, en un escenario de desprecio y actitudes impropias de un órgano democrático.
Entre los episodios más graves señalados figura el trato indigno dispensado a una persona en silla de ruedas, un hecho que ha generado especial malestar por lo que implica en términos de respeto e inclusión.
Durante la sesión, el equipo de gobierno votó EN CONTRA de propuestas destinadas a mejorar servicios e infraestructuras municipales como la mejora del área de Urbanismo, la mejora de la Residencia de la tercera edad, la actualización del modelo turístico para s’Arenal, la optimización de las Zonas de Ocio Canino (ZOC), la realización de una auditoría vinculada al Caso Bonet, relacionado con un desfalco millonario, la mejora del acceso a las ayudas sociales y el arreglo de colegios y escoletas del municipio.
Los testimonios también describen risas, gestos obscenos y episodios de censura durante distintas intervenciones. Especialmente tenso fue el momento en que, al solicitar explicaciones sobre la huelga de basuras y la situación del polideportivo de Bahías (SITT), desde la bancada del gobierno se habría proferido el insulto “¡Vete ya, payaso!”, una expresión que ha sido calificada por numerosos asistentes como inadmisible en un pleno municipal.
Para muchos vecinos, lo ocurrido no se limita a una discrepancia política o a una cuestión de gestión cuestionable, sino que evidencia una preocupante falta de educación institucional y de respeto democrático hacia quienes formulan preguntas legítimas. Consideran que ningún representante público puede situarse por encima de la ciudadanía ni responder con descalificaciones personales.
Además, recuerdan que no sería un episodio aislado. Meses atrás, en otra protesta vecinal por la falta de mantenimiento de infraestructuras públicas, se habrían producido expresiones ofensivas dirigidas a un centenar de ciudadanos que reclamaban soluciones de forma pacífica.
El malestar social aumenta ante la percepción de que decisiones importantes permanecen paralizadas, mientras el clima político se deteriora. Para una parte creciente de la ciudadanía, cuando el ejercicio del poder deriva en insultos, confrontación y desprecio, se erosiona la confianza en las instituciones y se debilita el principio esencial de la representación pública.
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