EMAYA: Empresa pública que castiga la legalidad y blinda la impunidad

 

✍Francisco José Castillo Navarro, Director General del Grupo Periódico de Baleares, Presidente Fundador de AMC/ 

Lo ocurrido en EMAYA no es un error de gestión ni una cadena de decisiones desafortunadas. Es un modelo consciente de gobierno interno basado en la represalia, el control, la opacidad y la protección de quienes vulneran derechos fundamentales. Un modelo que ha sido desenmascarado por los tribunales y que, lejos de rectificar, ha optado por profundizar en la ilegalidad.

Con la entrada en vigor del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), EMAYA tenía la obligación legal ineludible de nombrar un Delegado de Protección de Datos (DPD) con independencia real. La persona designada para ese cargo que además integraba el comité ético fue cesada de manera fulminante no por incumplir, sino por cumplir la ley.

Su “delito” fue ejercer funciones básicas y obligatorias:
- Solicitar el organigrama de la empresa en el marco de sus responsabilidades como responsable de calidad.

- Ejercer el derecho de acceso a imágenes de videovigilancia para acompañar una denuncia por amenazas contra la directora de Servicios Corporativos, Nuria Gallego, quien llegó a recriminarle que denunciara la ocultación de información, a pesar de tratarse de un asunto canalizado por el sistema ético interno.

La justicia lo dejó claro: fue una represalia

Estos hechos no son opinables. Fueron probados, acreditados y condenados judicialmente. En sentencia de 29 de noviembre de 2024, un juzgado declaró que EMAYA había incurrido en una represalia ilegal, vulnerando derechos fundamentales del trabajador, y la condenó a pagar 15.000 euros por daños morales.

La sentencia no deja margen a la duda: EMAYA castigó el cumplimiento de la ley. Y ante esa condena, cualquier empresa mínimamente responsable habría actuado en consecuencia: readmitir, restaurar garantías, reforzar la independencia del DPD y depurar responsabilidades internas.

Pero EMAYA eligió el camino contrario.

Suprimir al vigilante para seguir vulnerando la ley

En lugar de acatar la sentencia y corregir la ilegalidad, EMAYA optó por una huida hacia adelante de enorme gravedad institucional:

Eliminó directamente la figura del Delegado de Protección de Datos y la sustituyó por un “comité de privacidad” interno, sin independencia, sin garantías y diseñado a medida de la dirección.

Esta decisión no es neutra. Es una burla al RGPD, que exige supervisión independiente, y un mensaje claro a la plantilla: quien controle molesta; quien obedece asciende.

El citado comité no solo carece de credibilidad técnica, sino que está integrado por perfiles que desacreditan cualquier pretensión de ética o protección de derechos. Entre ellos figura Francisca Ballester, jefa de los servicios jurídicos de EMAYA, así como el hermano del director del Ciclo del Agua, Jaume Femenías, reforzando una estructura marcada por la endogamia, el conflicto de intereses y la concentración de poder.

Espionaje sindical sentado en los órganos de control

La inclusión de Francisca Ballester en un órgano de privacidad resulta escandalosa. No se trata de una sospecha ni de una acusación política: fue sancionada disciplinariamente con 15 días de suspensión de empleo y sueldo por el espionaje sistemático durante más de seis años de los mensajes de WhatsApp del sindicato USTE.

Estamos hablando de vigilancia ilegal de comunicaciones privadas, una vulneración directa de derechos fundamentales que no solo fue reconocida administrativamente, sino que podría encajar en el delito de descubrimiento y revelación de secretos, tipificado en el Código Penal con penas de prisión. El sindicato ha anunciado que prepara la correspondiente denuncia penal.

Que una persona con ese historial se siente en un órgano de privacidad no es un error: es una provocación y una declaración de intenciones.

Un comité ético sin ética

El deterioro institucional se completa con la presencia de Carles Juanes, jefe de Recursos Humanos, en el comité ético de EMAYA. Juanes también participó en el espionaje sindical, y su trayectoria está marcada por reiteradas actuaciones contra trabajadores y representantes sindicales, con vulneraciones de derechos fundamentales documentadas.

Su permanencia en un órgano que debería velar por la legalidad y la ética convierte dicho comité en una ficción corporativa, sin legitimidad moral ni credibilidad pública.

El mensaje interno es devastador

La política de EMAYA transmite un mensaje inequívoco:
- Cumplir la ley tiene castigo.
- Vulnerar derechos tiene recompensa.
- Denunciar irregularidades supone ser expulsado.
- Espiar sindicatos abre la puerta a cargos de control interno.

En esta empresa pública, la ética no protege a nadie; la privacidad no se garantiza; y los mecanismos de control se utilizan como herramientas de encubrimiento.

Según la información recibida, se están preparando denuncias ante la Guardia Civil por presuntas irregularidades cometidas por el jefe de personal, Carles Juanes, lo que podría abrir un nuevo escenario judicial y agravar aún más la responsabilidad de una dirección que ha demostrado desprecio sistemático por la legalidad.

Una empresa pública sin controles reales

EMAYA no es una empresa privada cualquiera: es una empresa pública, sostenida con dinero de la ciudadanía, y por tanto obligada a estándares superiores de transparencia, legalidad y ejemplaridad. Lo ocurrido no es solo un conflicto laboral: es un problema democrático.

Mientras no se depuren responsabilidades, se restaure la figura independiente del Delegado de Protección de Datos y se expulse de los órganos de control a quienes vulneraron derechos fundamentales, EMAYA seguirá siendo el ejemplo de cómo una institución pública puede convertirse en un aparato de impunidad interna.

El Partido Popular, que gobierna actualmente el Ayuntamiento de Palma, sigue demostrando que es incapaz de gestionar lo heredado de anteriores legislaturas. El legado de la incompetente presidenta Neus Truyols (Més) y del PSOE, con Ramon Perpinyà al frente, ya fue nefasto, pero el actual responsable, que ha demostrado sobradamente su ineptitud para afrontar esta situación, no solo no ha hecho nada, sino que ha empeorado aún más la situación. Felicitaciones irónicas a Llorenç Guillem Bauzá, del PP de Palma, quien una vez más demuestra que no da la talla, por no decir otra cosa.

FJCN