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La medida afectará a organizaciones como Médicos sin Fronteras y Oxfam y entrará en vigor el 1 de enero de 2026
El Gobierno de Israel ha anunciado que revocará las licencias de 37 organizaciones no gubernamentales que operan en los Territorios Palestinos Ocupados por no cumplir los nuevos requisitos de registro establecidos por la legislación israelí. Entre las ONG afectadas se encuentran Médicos sin Fronteras (MSF) y Oxfam. La retirada de permisos será efectiva a partir del 1 de enero de 2026, con un plazo de 60 días para el cierre de sus operaciones.
El Ministerio de Asuntos de la Diáspora y Lucha contra el Antisemitismo, encabezado por Amichai Chikli, ha explicado que las organizaciones debían presentar en un plazo de diez meses diversa documentación sobre su estructura y actividades, incluida una lista completa de empleados. La normativa permite denegar o retirar permisos a entidades sospechosas de colaborar con organizaciones consideradas terroristas por Israel, como Hamás.
Desde el Ministerio de Exteriores, su portavoz Oren Marmorstein ha señalado que el proceso de inscripción sigue abierto y que las solicitudes continúan siendo evaluadas, recordando que la fecha límite inicial, fijada para septiembre, fue ampliada hasta el 31 de diciembre.
Sin estar registradas, las ONG no pueden desplegar personal internacional especializado ni introducir suministros humanitarios esenciales a través de los pasos fronterizos controlados por Israel hacia Gaza o Cisjordania. No obstante, el Coordinador de Actividades del Gobierno en los Territorios (COGAT) ha asegurado que la decisión no afectará al volumen total de ayuda que entra en la Franja de Gaza, alegando que estas organizaciones representaban alrededor del 1 % del total de la ayuda humanitaria.
Las autoridades israelíes justifican el endurecimiento de las normas como una medida para evitar la instrumentalización de la ayuda humanitaria por parte de Hamás. En este contexto, el COGAT ha acusado a MSF de no facilitar la información requerida sobre su personal y ha recordado casos previos en los que empleados de la organización habrían estado vinculados a grupos armados palestinos.
La decisión ha generado críticas por parte de organizaciones de derechos humanos. Amnistía Internacional ha denunciado que la medida supone una restricción grave al acceso humanitario y ha reclamado el levantamiento inmediato de los obstáculos a la asistencia en Gaza, subrayando que la labor de estas ONG es insustituible para la población civil.









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