✍ PALDIBA/ El primer gran anuncio de Pedro Sánchez para frenar la crisis de la vivienda en 2026 ha nacido muerto políticamente y desacreditado socialmente. Lo que el presidente presentó como una respuesta “ambiciosa” a uno de los mayores problemas del país se ha revelado, en cuestión de horas, como una maniobra improvisada, sin apoyos parlamentarios y desconectada de la realidad de millones de inquilinos.
El decreto de vivienda anunciado este lunes no solo no convence, sino que ha provocado un rechazo inmediato incluso entre los socios del propio Gobierno, que lo califican de “insuficiente”, “injusto” y, sin rodeos, una “tomadura de pelo”. El mensaje es claro: el plan de Sánchez no protege a quienes sufren la crisis, sino a quienes se benefician de ella.
Una medida diseñada para tranquilizar al mercado, no a la gente
¿En qué consiste el eje central del decreto? En una bonificación del 100% del IRPF a los propietarios que renueven contratos de alquiler sin subir el precio. Es decir, dinero público para compensar a los caseros por no exprimir aún más un mercado ya asfixiante. El Gobierno asume como inevitable que el alquiler debe subir y, en lugar de frenarlo por ley, opta por pagar para que no lo hagan.
La lógica es demoledora: el Estado renuncia a intervenir, traslada el coste al conjunto de los contribuyentes y premia a quienes ya tienen una posición de poder en el mercado de la vivienda. Mientras tanto, los inquilinos no reciben ninguna garantía real, ni rebajas, ni estabilidad, ni protección frente a futuras subidas.
Socios en pie de guerra y un Gobierno fracturado
El rechazo de los socios parlamentarios no es anecdótico. Es una enmienda a la totalidad a la estrategia de Sánchez. Desde su propio bloque se denuncia que el decreto no toca el corazón del problema, evita medidas estructurales y renuncia a enfrentarse a los grandes propietarios y fondos inmobiliarios. La fractura dentro del Ejecutivo ha quedado expuesta de forma brutal: ni siquiera hay consenso interno sobre cómo afrontar la emergencia habitacional.
La escena es reveladora: un presidente anunciando a bombo y platillo un decreto que no ha sido pactado, no ha sido negociado y no cuenta con los votos necesarios para salir adelante. Más que liderazgo, transmite debilidad; más que una solución, parece un gesto desesperado para aparentar acción.
La gran ausente: la intervención real del mercado
El decreto esquiva deliberadamente las medidas que podrían tener un impacto real: límites obligatorios al precio del alquiler, prórrogas automáticas de contratos, sanciones efectivas a la especulación y una política pública de vivienda que deje de ser testimonial. En lugar de eso, se apuesta por incentivos fiscales voluntarios, confiando en la buena voluntad de un mercado que lleva años demostrando que no se autorregula.
El resultado es un plan que no reduce precios, no aumenta la oferta pública, no garantiza estabilidad y no devuelve la vivienda a su función social. Solo compra tiempo político mientras la crisis sigue agravándose.
Un anuncio vacío en medio de una emergencia social
La vivienda se ha convertido en el principal factor de desigualdad, especialmente para jóvenes y familias trabajadoras. Frente a esa realidad, el Gobierno ofrece desgravaciones a los propietarios y discursos grandilocuentes. El contraste es obsceno.
El llamado “gran anuncio” de Sánchez se desinfla al primer contacto con la realidad parlamentaria y social. No hay consenso, no hay valentía política y no hay una hoja de ruta clara. Solo queda la sensación de que, una vez más, la crisis de la vivienda se utiliza como escenario retórico, mientras las decisiones reales evitan incomodar a quienes concentran el poder inmobiliario.
En un país donde alquilar se ha convertido en un lujo, el mensaje que deja este decreto es devastador: el problema no es que la vivienda sea inaccesible, sino que los propietarios ganen un poco menos. Y esa idea, más que polémica, es políticamente explosiva.
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