✍ El Ciudadano Habla/ Desde el inicio del año, el Gobierno socialista y el presidente Pedro Sánchez continúan impulsando medidas que, según numerosos sectores ciudadanos, restringen las libertades individuales y generan beneficios económicos opacos a costa de los conductores.
Una de las decisiones más controvertidas ha sido la obligatoriedad de la baliza V16 a partir del 1 de enero de 2026, un dispositivo que sustituye a los triángulos de emergencia tradicionales. Esta imposición ha generado una creciente polémica social, especialmente por las dudas sobre su eficacia real en situaciones de accidente o avería.
En los últimos meses han proliferado vídeos y testimonios de conductores que denuncian problemas graves de visibilidad de la baliza V16. Incluso agentes de la Guardia Civil han advertido públicamente de que su uso podría derivar en accidentes de extrema gravedad, al no cumplir adecuadamente su función de señalización en determinadas condiciones.
A estas críticas se suma la sospecha de que, tras la imposición del dispositivo, pueda existir un entramado de intereses económicos y políticos, similar a escándalos anteriores como el conocido “Caso Mascarillas”. Diversas voces no descartan que en el futuro pueda destaparse un “Caso Balizas”, vinculado a corrupción institucional.
Otro de los aspectos más controvertidos es que la baliza V16 incorpora un sistema GPS, destinado a transmitir la ubicación del vehículo a la Dirección General de Tráfico (DGT) en caso de emergencia. Aunque oficialmente se asegura que el sistema solo se activa en situaciones concretas, expertos en electrónica y privacidad han alertado sobre los riesgos de geolocalización y el posible uso indebido de datos personales.
Estas preocupaciones han alimentado una creciente desconfianza ciudadana, especialmente ante la posibilidad de que los datos de localización puedan utilizarse con fines ajenos a la seguridad vial. Para muchos conductores, la medida supone un doble perjuicio: una señalización deficiente y un potencial ataque a la privacidad.
Pese al rechazo social, la normativa contempla sanciones económicas para quienes no lleven la baliza V16 en su vehículo, lo que ha sido interpretado como una imposición coercitiva que limita la libertad de elección. No obstante, la presión ciudadana ya ha comenzado a mostrar efectos.
Ante el creciente malestar social, el director general de la DGT, Pere Navarro, emitió recientemente una instrucción aclaratoria que permite seguir utilizando los triángulos de emergencia, siempre que el conductor lleve también la baliza V16. Aunque esta rectificación ha sido presentada como un gesto de apertura, numerosos colectivos la consideran insuficiente, ya que mantiene la obligatoriedad del dispositivo.
En este escenario, la organización HAZTEOIR ha dado un paso al frente e impulsa una recogida de firmas para exigir a la Dirección General de Tráfico (DGT) que no se multe a los conductores que no lleven la baliza V16. La entidad defiende que la medida supone una vulneración de las libertades fundamentales, carece de una base técnica sólida y debe ser revertida mediante una nueva instrucción oficial que frene las sanciones.
Desde HAZTEOIR y otros colectivos cívicos se subraya que este primer retroceso de la DGT demuestra que la movilización ciudadana funciona y que una mayor presión social podría lograr que la administración rectifique por completo. A su juicio, los ciudadanos organizados tienen la capacidad de frenar imposiciones injustificadas y defender derechos y libertades.
El momento actual es considerado clave, antes de que esta normativa se consolide como una “nueva normalidad” difícil de revertir. Para estos sectores, actuar ahora es esencial para evitar un nuevo recorte de libertades civiles y para demostrar que la sociedad no está dispuesta a aceptar imposiciones administrativas sin consenso.
En este contexto, se hace un llamamiento a la participación ciudadana, instando a los conductores a sumarse a la petición y a exigir que la DGT respete la libertad individual y no sancione a quienes decidan no portar la baliza V16. Según sus promotores, solo mediante una respuesta firme, colectiva y sostenida será posible lograr un cambio real en la normativa vigente.
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