✍Francisco José Castillo Navarro, Director General del Grupo Periódico de Baleares, Presidente Fundador de AMC/
Lo que hoy investiga el Juzgado de Instrucción número 3 de Palma no es solo un presunto delito de prevaricación administrativa en el seno de la Escuela Balear de Administración Pública (EBAP). Lo que está quedando al descubierto es un modo de gobernar, una forma de gestionar lo público que encaja con demasiada facilidad en el historial político del Partido Popular en Baleares, actual responsable del Gobierno de las Illes Balears.
La providencia judicial es demoledora. La jueza pone en duda la credibilidad del expediente administrativo remitido por la EBAP, cuestiona su estructura, su contenido y su fiabilidad, y obliga a la Administración a dar explicaciones que nunca deberían haberse exigido en sede judicial. Cuando un tribunal sospecha de un expediente entero, el problema ya no es técnico: es político y sistémico.
El expediente 7/2023 no solo presenta carencias; presenta síntomas claros de descontrol y manipulación administrativa. Incluye un índice que no forma parte del procedimiento oficial, cargado de comentarios y valoraciones, sin firma, sin autor identificado y sin respaldo jurídico alguno. Un documento fantasma, integrado en un expediente público, que nadie asume y que nadie explica. Una práctica incompatible con cualquier estándar mínimo de buena administración, pero demasiado familiar en entornos donde la falta de control político se normaliza.
Que el juzgado haya tenido que citar al secretario general de la EBAP, Antonio Tomás Gelabert, para que explique quién hizo ese índice y por qué se incorporó sin validación, es una humillación institucional. Y lo es también para el Gobierno del PP, que dirige y tutela el organismo. Porque la EBAP no actúa en el vacío: depende de una estructura política que mira, consiente o no pregunta.
La situación roza el escándalo cuando se constata que el expediente no contiene las valoraciones de los aspirantes admitidos, pese a ser una fase obligatoria del procedimiento. Sin valoraciones no hay mérito; sin mérito no hay igualdad; y sin igualdad no hay legalidad. La EBAP no solo no las aporta, sino que ahora tendrá que certificar si jamás existieron y señalar a los responsables directos. Esto no es una irregularidad menor: es la destrucción del principio de objetividad en el acceso al empleo público.
Mientras tanto, el juzgado exige explicaciones a la Consejería de Presidencia, dirigida por el Ejecutivo del Partido Popular, sobre la situación de A. G. M., investigado en la causa y vinculado a un accidente de tráfico con un vehículo oficial. La jueza cuestiona su idoneidad para seguir ejerciendo funciones públicas, una pregunta que debería haberse hecho el propio Govern mucho antes de que interviniera un tribunal.
El despliegue probatorio ordenado atestados completos, informes técnicos, peritajes, grabaciones telefónicas no responde a la rutina judicial, sino a una sospecha clara de opacidad y posible encubrimiento administrativo. Cuando un juez pide hasta la última llamada, es porque no confía en lo que se le ha contado.
Este caso no puede desligarse del contexto político. El Partido Popular gobierna Baleares y tiene la responsabilidad directa sobre la EBAP, sobre sus cargos, sobre sus procedimientos y sobre sus silencios. No basta con esconderse tras tecnicismos ni con sacrificar a funcionarios intermedios. La responsabilidad es política, y alcanza a quienes dirigen, supervisan y permiten que estas prácticas prosperen.
La EBAP es la institución encargada de formar y seleccionar a los empleados públicos. Si bajo un gobierno del PP esta entidad opera con expedientes incompletos, documentos anónimos y evaluaciones inexistentes, el mensaje es devastador: la legalidad es flexible cuando estorba, y la transparencia, opcional.
La investigación sigue abierta. Pero ya hay una conclusión inevitable: el Gobierno del Partido Popular en Baleares ha fracasado en su deber de control, supervisión y garantía institucional. Y cuando la administración que debe velar por la igualdad y el mérito acaba bajo sospecha judicial, no estamos ante un error, sino ante un modelo de poder que vuelve a mostrar su peor cara.
Aquí ya no se trata solo de depurar responsabilidades penales. Se trata de asumir responsabilidades políticas, de dar explicaciones públicas y de decidir si Baleares puede permitirse un gobierno que solo reacciona cuando un juez llama a la puerta.
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