Vivienda pública para unos pocos: el escándalo urbanístico que golpea al Partido Popular en Alicante

 

✍ PALDIBA/ La adjudicación de viviendas públicas en Alicante ha desatado una grave controversia política y social que vuelve a poner en cuestión la gestión del Partido Popular en materia de vivienda. En la primera promoción pública ejecutada en la ciudad en más de veinte años, al menos una concejala, los dos hijos de una directora general y un arquitecto del área de Urbanismo del Ayuntamiento de Alicante han resultado beneficiados, en un contexto marcado por una crisis habitacional sin precedentes.

La situación ha generado una profunda indignación ciudadana, especialmente entre las personas trabajadoras, que ven cómo el acceso a una vivienda digna se convierte en un privilegio inalcanzable mientras los precios prohibitivos, la escasez de oferta y los salarios insuficientes las empujan fuera del mercado. Para miles de familias, optar a una vivienda protegida es prácticamente imposible, mientras determinados perfiles vinculados al poder político y administrativo parecen sortear con facilidad los obstáculos que el resto de la población sufre a diario.

La promoción en cuestión consta de 134 viviendas de tres y cuatro dormitorios, dotadas de piscina, gimnasio, club social, pistas de pádel y zonas deportivas, unas características más propias de promociones privadas de alto nivel que de un proyecto concebido para garantizar el derecho a la vivienda. Todo ello ha sido levantado sobre un suelo municipal que previamente fue enajenado y transferido a manos privadas, una operación que ha alimentado aún más las sospechas sobre el modelo de gestión elegido.

Mientras las personas trabajadoras, jóvenes y familias con ingresos medios o bajos quedan excluidas del acceso real a este tipo de promociones, el caso evidencia una desconexión alarmante entre las políticas públicas y la realidad social. La vivienda pública, concebida como una herramienta de corrección de desigualdades, acaba beneficiando a quienes ya cuentan con estabilidad económica, información privilegiada o vínculos institucionales.

Este episodio no solo ha erosionado la credibilidad del Ayuntamiento de Alicante, sino que ha reabierto un debate de fondo sobre el uso del patrimonio público, la ética en la gestión urbanística y la responsabilidad política del Partido Popular en una ciudad donde vivir se ha convertido en un lujo, no en un derecho. La sensación de agravio comparativo crece entre una ciudadanía cansada de comprobar que, una vez más, no todos compiten en igualdad de condiciones cuando se trata de acceder a recursos públicos esenciales.