Guerra abierta en el sistema eléctrico: Cruce de acusaciones y cuentas pendientes por el 'Gran Apagón'
La comparecencia de Beatriz Corredor (Redeia) y la cúpula de la CNMC en el Congreso destapa la fragilidad estructural del modelo peninsular, el descontrol previo de las subestaciones y un litigio multimillonario por el "cero energético" que paralizó al país.
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| El cruce de acusaciones entre el operador del sistema y el regulador destapa la opacidad en la gestión de la luz en España |
Descubre los detalles de esta última controversia mediática que vuelve a acorralar a Redeia y a la CNMC
El lunes 28 de abril de 2025, a las 12:33 horas, España rozó el colapso energético integral. En apenas cinco segundos, el sistema eléctrico peninsular vio cómo se desconectaban bruscamente 15.000 megavatios de potencia, deslastrando de golpe el 60% de la producción eléctrica del país. Un año después, lo que comenzó como un fallo técnico crítico de escala nacional se ha transformado en una cruenta batalla judicial, corporativa y política. Las comparecencias de este lunes 18 de mayo de 2026 ante la Comisión de Investigación del Congreso de los Diputados han dinamitado la aparente tregua técnica, escenificando una fractura sin precedentes entre el operador de la red, el regulador estatal y las multinacionales energéticas.
Corredor pasa al ataque: "Razones de eficiencia económica"
La presidenta de Redeia (matriz de Red Eléctrica de España), Beatriz Corredor, ha comparecido durante más de dos horas y media con un objetivo nítido: blindar la gestión técnica del operador público del sistema y desviar los focos de responsabilidad hacia los operadores privados. Corredor ha lanzado una acusación de enorme calado económico y regulatorio, señalando directamente a determinadas plantas generadoras cuyos nombres se mantienen bajo estricta reserva en los informes de haberse desconectado de la red de forma prematura durante la crisis por puros intereses financieros.
Desde la perspectiva de Red Eléctrica, la red de transporte operaba dentro de los rangos de tolerancia normativa, por lo que las desconexiones masivas de las centrales privadas se consideran injustificadas. Para sostener esta postura, la presidenta se ha apoyado de forma e insistente en el dictamen del panel de expertos de la Red Europea de Gestores de Redes de Transporte de Electricidad (Entso-E), asegurando que ningún informe oficial internacional achaca negligencia alguna a los centros de control de REE.
La CNMC contraataca: Opacidad y falta de alertas obligatorias
La versión de la infalibilidad técnica de Red Eléctrica ha chocado frontalmente, apenas una hora después, con la contundente intervención de Rocío Prieto, directora de Energía de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). Prieto ha destapado lo que el regulador considera una grave y deliberada dejación de funciones por parte del operador crítico de la infraestructura.
Según ha reveló la directora de la CNMC, Red Eléctrica tenía constancia inequívoca de múltiples anomalías e incumplimientos reiterados en el control de tensión días antes de la catástrofe (incluyendo un preocupante incidente el previo 22 de abril). Sin embargo, el operador prefirió mantener la información bajo reserva de manera unilateral. "Su responsabilidad estricta y legal era registrar y trasladar de inmediato esos incumplimientos al regulador. Al no alertar a la CNMC de los fallos clave en el control de tensión, se privó al sistema de las herramientas supervisoras y sancionadoras indispensables para corregir el rumbo antes del colapso", sentenció Prieto de forma tajante ante los parlamentarios.
| Actor del Conflicto | Posición Defendida | Alegato / Acusación Principal |
|---|---|---|
| Red Eléctrica (REE) | Exención total de culpa | Nueve plantas privadas se desconectaron por ahorrar costes. Los informes de Entso-E los avalan por completo. |
| CNMC (Regulador) | Negligencia del supervisor | REE ocultó de forma deliberada los fallos de tensión previos y omitió las alarmas obligatorias a Competencia. |
| Grandes Eléctricas | Fallo sistémico de REE | Acusan al operador de incompetencia en la gestión de la red y de presionar en las auditorías internas europeas. |
La guerra de los audios filtrados y el recurso de nulidad
El trasfondo de esta comisión parlamentaria viene caldeado por un frente judicial multimillonario. Hace tan solo cinco días, los servicios jurídicos de Red Eléctrica interpusieron un requerimiento formal exigiendo anular por completo el expediente sancionador por infracción "muy grave" que la CNMC mantiene abierto contra ellos. El operador alega una absoluta "falta de neutralidad", indefensión jurídica y un evidente "conflicto de interés" en los técnicos del regulador.
Asimismo, durante la sesión de hoy se ha abordado el escándalo de los audios filtrados a los medios de comunicación. En dichas grabaciones fechadas a mediados de abril de 2025 se escuchaba a los propios operadores de Red Eléctrica admitir en conversaciones internas un descontrol de tensiones sistemático en las subestaciones debido al drástico descenso de la energía nuclear disponible en el mix de generación nacional.
Beatriz Corredor ha descalificado radicalmente estas pruebas, prematurez e intencionalidad, tachándolas de una filtración "interesada, sesgada y estratégicamente calendarizada" al día siguiente de emitirse el informe europeo favorable a su gestión. "De miles de conversaciones telefónicas diarias entre operadores y distribuidoras, entresacar frases descontextualizadas solo busca un linchamiento reputacional", ha protestado.
Un sistema bajo sospecha mutua
Más allá del enfrentamiento técnico-jurídico, la onda de choque institucional es total. Hace escasamente una semana, el Senado gracias a la mayoría del bloque de la oposición cerró su propia comisión parlamentaria aprobando la reprobación oficial de la vicepresidenta tercera del Gobierno, Sara Aagesen, calificando su gestión de la crisis energética como "nula".
La reactivación de las comparecencias en el Congreso constata que el sector eléctrico español opera actualmente bajo un régimen de desconfianza mutua estructural. Mientras Red Eléctrica mantiene activado un inédito e indefinido "modo de operación reforzado" porque según justificó Corredor "ha quedado demostrado que las eléctricas no cumplen si no se las vigila", la CNMC estrecha el cerco administrativo sobre el operador estatal.
Con reclamaciones de indemnización multimillonarias sobre la mesa por parte de la gran industria y cruces de reproches técnicos cruzando el hemiciclo, el debate ya no gira en torno a por qué se apagó el país en abril de 2025, sino sobre quién asumirá el millonario coste político y financiero del colapso energético de España.
Lo que hoy vemos no es una simple discrepancia de criterios técnicos, es una alarmante muestra de opacidad institucional que compromete la infraestructura más crítica del país. Mientras los despachos oficiales de Redeia y la CNMC se enzarzan en batallas legales cruzadas para salvar su responsabilidad corporativa, millones de ciudadanos y miles de industrias siguen expuestos a un modelo eléctrico inestable y falto de un control preventivo real. Si las comisiones parlamentarias y la justicia ordinaria no desmantelan de inmediato este cruce de encubrimientos y corporativismo ciego, el sistema de transporte eléctrico en España dejará de ser una garantía de desarrollo para convertirse en un riesgo sistémico permanente, sostenido por el dinero público de los consumidores.
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