✍ PALDIBA/ Una vez más, Més per Palma reaparece en el debate público con recetas ideológicas disfrazadas de sensibilidad social. Su última ocurrencia: Més per Palma propone limitar la compra de vivienda a residencia habitual y subir los impuestos en “operaciones especulativas”. Una propuesta intervencionista que, lejos de solucionar el problema del acceso a la vivienda, amenaza con empeorar aún más el mercado inmobiliario de Palma de Mallorca.
La portavoz del partido, Neus Truyol, vuelve a situarse al frente de un discurso moralizante en el que señala a compradores y propietarios como culpables del encarecimiento de la vivienda. Habla de “valentía política” mientras propone prohibiciones, recargos fiscales extremos y una fiscalidad casi confiscatoria.
Resulta especialmente llamativo que quienes ahora pontifican sobre “el drama social” sean los mismos que gobernaron el Ayuntamiento en coalición con PSOE y Podemos, una alianza marcada por políticas de ultraizquierda y guiños al independentismo catalán. Durante aquella etapa, ni se amplió de forma significativa el parque público de vivienda ni se frenó la escalada de precios. Hubo retórica, propaganda… y pocos resultados.
Ahora, desde la oposición, pretenden imponer un modelo casi soviético del mercado residencial: declarar la ciudad “zona tensionada”, restringir la compraventa solo a residencia habitual o alquiler social, y castigar la reventa con recargos del 60%, llegando hasta un obsceno 87% del beneficio en algunos casos. Es decir, convertir al pequeño propietario en enemigo público y ahuyentar cualquier inversión privada.
La formación también propone penalizar a los grandes tenedores, elevar la plusvalía municipal y aumentar el IRPF en operaciones de corto plazo. Todo bajo la bandera de que “la vivienda es para vivir, no para especular”. Un eslogan fácil que ignora una realidad básica: sin inversión, sin seguridad jurídica y sin incentivos, la oferta se reduce. Y cuando la oferta cae, los precios suben.
Ni siquiera los datos que exhiben resisten un análisis serio. Que empresas compren viviendas no es un pecado económico; muchas de ellas las destinan al alquiler. Demonizar al inversor no crea pisos: solo genera desconfianza.
Mientras tanto, el diputado Vicenç Vidal se suma al coro afirmando que no se puede gobernar “como si no pasara nada”. Pero cuando ellos gobernaban, pasó exactamente eso: nada estructural.
El ejemplo que ponen una vivienda que pasa de 600.000 euros a un millón sirve para ilustrar su verdadero objetivo: exprimir fiscalmente al ciudadano hasta el límite, convirtiendo al Estado en socio mayoritario de cualquier operación inmobiliaria exitosa.
En definitiva, la propuesta de Més per Palma no es una solución al problema de la vivienda. Es otro capítulo del mismo manual ideológico: más impuestos, más control, más prohibiciones y cero autocrítica. Un modelo fracasado que ya demostraron cuando tuvieron poder real y que ahora pretenden reeditar desde el púlpito de la oposición.
Porque lo verdaderamente “tensionado” no es solo el mercado residencial: es la paciencia de los ciudadanos ante políticas que castigan al que invierte, al que ahorra y al que intenta prosperar.
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